La Delegación del Gobierno en Extremadura ha multado con 1.500 euros a Reyes González, portavoz y expresidente de la Plataforma Refinería No, y con 300 euros a otros 15 miembros de este grupo contrario a la industria proyectada por el Grupo Gallardo.
Las sanciones fueron impuestas el año pasado tanto por las protestas realizadas a las salidas de los plenos municipales de Villafranca de los Barros como por los incidentes registrados durante la celebración del Consejo de Ministros en Mérida el 1 de julio del año pasado. Tras un año de recursos ahora los 16 afectados --podrían llegar más notificaciones a lo largo de los próximos días-- han recibido un aviso de Hacienda en vía ejecutiva, por lo que deberán hacer efectivo el pago de las sanciones.
En el caso de Reyes González, la Delegación le ha impuesto tres sanciones de 500 euros. La primera de ellas debido a que el 29 de abril "se produjo una concentración de unas 120 personas, simpatizantes de la Plataforma Refinería No", a la salida del Pleno de Villafranca. En esa concentración que "se presume" promovida por la Plataforma, según el expediente de la Delegación, "increparon e insultaron" a los concejales. Sin embargo, se da la circunstancia de que ese día no se celebró ningún pleno en Villafranca, tal y como consta en la página web del consistorio. Se le sanciona también por hechos similares ocurridos el 9 de mayo y por una tractorada celebrada sin autorización el 1 de julio.
Para la Plataforma Refinería No, está situación "confirma la persecución que estamos sufriendo únicamente por el mero hecho de oponernos a un proyecto que viene avalado y promovido por la propia Junta de Extremadura". Asimismo, solicitan a la delegada del Gobierno en la región, Carmen Pereira, "que deponga su actitud y dimita de su cargo inmediatamente, por su parcialidad e ineficacia".
Los afectados han puesto el caso en manos de sus abogados y prevén interponer un recurso de reposición porque "estas sanciones habían prescrito y deberían estar archivadas".
