El número de procedimientos seguidos en los tribunales por delitos relacionados con el tráfico de drogas desciende en la comunidad, donde "continúa el ciclo paulatino de disminución de estos delitos, siguiendo una tendencia que se viene manteniendo desde hace cinco años", destaca en su última memoria la Fiscalía Superior de Extremadura.

Según los datos de dicha memoria, correspondiente al 2007, el número de procedimientos judiciales por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) descendió el año pasado en Extremadura un 6,30% en comparación con el anterior, en el que a su vez se había registrado un descenso, con respecto al 2005, del 10%. En concreto, de los 266 procesos registrados en el 2005 --198 en la provincia de Badajoz y 68 en la de Cáceres-- se bajó a 238 --154 en Badajoz y 84 en Cáceres-- al año siguiente, y de estos a 223 --143 y 80 respectivamente-- el año pasado.

Pero aunque la cifra va en descenso, entre los procedimientos abiertos por delitos contra la salud pública son mayoritarios los que se refieren a sustancias que causan grave daño a la salud. Se reconoce así en la propia memoria de la Fiscalía, en la que se indica textualmente que "los procedimientos por delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud superan con creces los de aquellas que no causan grave daño".

Así, mientras que los primeros representaron un total de 186 diligencias --124 en Badajoz y 62 en Cáceres--, o lo que es lo mismo, un 83,40% de los 223 procedimientos totales registrados en el 2007; los procedimientos seguidos por tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud sumaron 35 --18 en Badajoz y 17 en Cáceres--.

DIFICULTADES Junto al balance cuantitativo, el que hace referencia al número de diligencias judiciales a las que el año pasado dieron lugar en la comunidad extremeña los delitos relacionados con el tráfico de drogas, el fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, hace en la memoria una reflexión sobre "las dificultades de investigación de estas figuras delictivas", un hecho que, advierte, "puede influir, lógicamente, en un menor éxito de aprehensiones de grandes cantidades de droga y un menor número de procesos judiciales seguidos por esta causa".

Y es que según pone de manifiesto, "la sofisticación de los métodos de investigación en este ámbito corre paralela a la sofisticación de los métodos usados por vendedores y traficantes para eludir la actuación policial".

Se citan, como ejemplos, hechos tales como que los suministradores y vendedores procuran no llevar encima más cantidad de la que racionalmente puede necesitar un consumidor, ocultando el resto en lugares distintos a los de aquellos en que se producen las ventas; o que cuando estas se producen en domicilios los vendedores exigen que los compradores consuman en el mismo lugar las dosis adquiridas, para evitar así que salgan a la calle con ella y puedan conseguirse pruebas en una posible investigación.

También se cita en la memoria el hecho de que en el tráfico de mayores cantidades "se emplean ´coches lanzadera´ que protegen el transporte; teléfonos móviles de tarjeta prepago, de los que se suelen desprender de forma inmediata para evitar que se puedan oír las conversaciones telefónicas; y otros sistemas similares de ocultación y despiste". Todo ello, se añade, "hace preciso" que los agentes encargados de la investigación de delitos relativos al tráfico de drogas "tengan que ser necesariamente muy especializados, poseer gran cantidad de información sobre las organizaciones o grupos dedicados a ello, contar con medios materiales sofisticados y agrupar a una buena cantidad de efectivos que permita intercambiar a los investigadores cuando se sospecha que los mismos puedan estar quemados".