La jornada más fructífera de la campaña antidrogas de Rodrigo Duterte se saldó el miércoles con 32 muertos y 100 gramos de metanfetaminas decomisados. Salen a tres gramos por muerto y permite preguntarse si la policía tendrá balas suficientes cuando encuentre un alijo en condiciones.

Las cifras apuntalan la imaginativa estrategia del presidente de Filipinas: más que limpiar las calles de drogas, quiere limpiarlas de drogadictos. La campaña se ha cobrado esta semana ya la muerte de 80 “personas relacionadas con las drogas”, un eufemismo oficial que abarca a drogadictos, camellos y todo lo que parezca lejanamente sospechoso a los agentes. Desde que Duterte tomó la presidencia el 26 de julio han muerto a manos de la policía 3.451 “personas relacionadas con la droga”, según Manila. Supone casi nueve diarias, pero son cálculos conservadores. Súmenles otros 2.000 muertos en otras operaciones contra la droga y otros miles más de muertos en “circunstancias no explicadas”, otro eufemismo, y tendrán un cuadro más fidedigno. La oposición política le ha denunciado por crímenes contra la humanidad al Tribunal Penal Internacional.

"Algo positivo"

El amontonamiento de cadáveres no ha mellado la popularidad de Duterte entre un pueblo hastiado de políticos pusilánimes y corruptos. La campaña castiga a drogadictos y camellos que trapichean para pagarse una dosis mientras desatiende a los capos, pero tampoco eso desvela a la opinión pública.

'El castigador' enlaza bravuconadas para la audiencia interna. “Esos 32 muertos son algo positivo. Si pudiéramos matar 32 cada día, quizá acabaríamos con el problema que destroza este país”, señaló al día siguiente. Aquella matanza se produjo en la provincia de Bulacan, tan castigada por la droga como por las operaciones policiales.

Mala puntería

Las autoridades niegan con brío las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y aluden a tiroteos. El superintendente de policía, Romeo Caramat, insistió en que aquellas 32 víctimas fueron abatidas en defensa propia y mencionó las pistolas y granadas decomisadas. La ausencia de policías heridos o muertos certifica la calamitosa puntería de los criminales filipinos.

El caso de un estudiante de 17 años esta semana ha multiplicado las dudas sobre la casuística policial. Los agentes abatieron al joven después de que este les disparara, aseguró la versión oficial. Pero las grabaciones de las cámaras muestran a los policías llevándole hacia el sitio donde aparecería su cadáver y testigos dicen que le dieron un arma, le obligaron a disparar y le ordenaron correr. Las irrebatibles evidencias explican que los mandos policiales hayan ordenado una investigación y el cese de los agentes.

Secuestro con rescate

Duterte desdeña fruslerías como la protección de los derechos humanos, defiende las masacres, confiesa que ha matado a sospechosos con sus manos, anima a la policía a disparar a activistas si obstruyen la justicia e ignora el coro internacional. Tildó de “hijo de puta” a Obama y advirtió a la UE de que no le “jodiera”. Apenas cuenta con el favor de Donald Trump, que alabó su “increíble trabajo”.

Solo la muerte de un empresario surcoreano le detuvo. Ocurrió en enero. Jee Ick Joo fue sacado de su casa por la policía antidroga con una orden de arresto falsa, llevado a la sede central y acusado de narcotraficante. Lograron de su familia un rescate de 100.000 euros a pesar de que le habían matado el primer día. Quemaron su cadáver y tiraron las cenizas por el retrete. Duterte suspendió la campaña antidroga para limpiar de corruptos el cuerpo policial y la reemprendió poco después con un vigor que demuestra el récord de este miércoles. Nadie duda de que será batido.