Los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sobre la dictadura de aquel país (1976-1983, que provocó 30.000 desaparecidos) serán públicos dentro de pocas semanas. La decisión fue tomada hace un año por el papa Francisco, y acaban de ser informatizados y puestos a disposición pública, de acuerdo con la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Se trata de unos 3.000 documentos.

La Iglesia católica argentina fue la única institución que tuvo las espaldas cubiertas para poder decir y hacer algo sobre y contra la dictadura militar, aunque ha sido precisamente muy criticada por su ambigüedad, silencio e incluso complicidad con la Junta de generales presidida por Jorge Rafael Videla. Otros países, como Suecia, intentaron filtrar una lista de los desaparecidos, pero no lo consiguieron.

"SERVICIO A LA VERDAD"

Los archivos estarán abiertos, previa petición escrita y aceptación de un protocolo de siete puntos, para las víctimas, los familiares de las victimas y, si se trata de curas, para sus obispos o superiores de órdenes religiosas, “teniendo como premisa el servicio a la verdad, la justícia y la paz”, como han explicado los obispos argentinos.

En el protocolo no se hace ninguna referencia al acceso a los archivos por parte de historiadores y periodistas interesados por aquel truculento período, por lo que es de suponer que están excluidos. En el mismo se ilustra que si algún juez desea consultar la documentación, se encuentre en la Nunciatura de Buenos Aires, en la CEA o en el Vaticano, deberá formalizarla ante la conferencia episcopal como si se tratase de un acto formal, es decir a través de una rogatoria internacional.

De forma indirecta, a historiadores y periodistas no les quedará otra solución para consultarlos que dirigirse a quienes estén expresamente autorizados a ver los documentos. De hecho, los autorizados deberán entregar a la dirección de los archivos copia de las eventuales publicaciones.

LAS INTERVENCIONES DEL NUNCIO

Según el protocolo, el procedimiento de la consulta será bastante sencillo: las personas autorizadas deberán rellenar el impreso, facilitar un documento de identidad e indicar el nombre de la víctima a la que se refieren. Si en el archivo existe algo sobre el interesado se le enviará copia, aunque los nombres de las eventuales otras víctimas “serán oportunamente oscurecidos”. Si los archiveros no encuentran nada sobre la petición, “deberán comunicarlo por escrito al solicitante”, quien, si no está de acuerdo, “podrá reiterar” la solicitud.

Se ignora el material que pueden contener los tres archivos (nunciatura, CEA, Vaticano), aunque seguramente estarán los cables de la Nunciatura al Vaticano y al revés, con las consiguentes eventuales intervenciones del nuncio en Buenos Aires ante la Junta militar sobre denuncias, asistencia o información sobre los desaparecidos. En los documentos que atañen a la CEA puede haber informaciones sobre las instancias que los familiares de las víctimas presentaban en la parroquias y estas a los obispos.

LA CONTROVERSIA SOBRE BERGOGLIO

Jorge Bergoglio fue provincial de los jesuitas entre 1973 y 1979 y desde que fue elegido Papa (2013) ha recibido a varias personalidades argentinas que habían denunciado las desapariciones, como la abuela de Plaza de Mayo Estela Carlotto. En mayo de este año, Francisco recibió a Hebe de Bonafini, de 87 años, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, y a todos prometió que los archivos se abrirían.

Paralelamente, el mismo Bergoglio ha sido acusado desde Argentina de haber actuado tibiamente contra la dictadura, circunstancia desmentida en su día por el entonces portavoz papal, Federico Lombardi, quien rechazó “con decisión" las "conocidas” acusaciones. “Hubo obispos cómplices de la dictadura, Bergoglio no”, comentó en su día el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. “No ha habido nunca ninguna acusación concreta y fiable” contra Bergoglio, y “la justícia argentina le ha interrogado como persona que podía conocer los hechos y nunca tampoco le ha imputado nada”, dijo Lombardi.

EL "CARDENAL Y EL CARNICERO"

Sobre quien se construyó una verdadera leyenda negra por su actitud durante la dictadura fue el entonces nuncio vaticano en Buenos Aires, Pío Laghi, al que el moderado diario italiano 'Corriere della Sera' un día de 1997 calificó en un titular como “Cardenal y carnicero”, por sus complicidades con la dictadura. Laghi, entonces ya 'ministro' de Educación del Vaticano, intentó defenderse de las acusaciones de complicidad que le llovieron de todas las instancias de Argentina, incluidas las Madres de Plaza de Mayo, que amenazaron con pedir su procesamiento. De acuerdo con el libro 'El cardenal y los desaparecidos', escrito por dos periodistas argentinos de talante conservador, Laghi rellenó unas 5.000 fichas sobre las víctimas de la represión militar. Con la apertura de los archivos, se conocerá cual fue su actuación real.