El alcalde, Pedro Acedo, aseguró ayer que se han instalado cámaras de televisión en los autobuses urbanos por seguridad y que las imágenes que se graban sólo las pueden ver la policía local, y en caso de que haya ocurrido algún incidente.
Con esta declaraciones, Acedo sale al paso a las numerosas opiniones en contra, al considerar que se vulnera el derecho a la intimidad o al anonimato.
Según Pedro Acedo, la instalación de estas cámaras de vigilancia es legal y recordó que el edificio de la Presidencia de la Junta también tiene varias por fuera "y una de ellas graba toda la plaza del Rastro a todas horas".
En cuanto a las cámaras instaladas en los autobuses urbanos, afirma que las imágenes se van grabando en un disco que cuando termina su capacidad las borra para iniciar de nuevo el proceso. Del mantenimiento se encarga una empresa de seguridad homologada por el Ministerio del Interior, aseguró Acedo, quien añadió que si pudiera instalaba cámaras en todos los monumentos romanos y en los jardines del Guadiana y Albarregas "para evitar actos vandálicos".
INTERVENCION Por su parte, la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura considera que es una medida totalmente desproporcionada, "atendiendo al principio de la intervención mínima por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
También señalan que, en este contexto, que prevalezca la seguridad pública por encima del Derecho Constitucional a la intimidad, no está justificado, "y así se desprende de la propia ley de Videovigilancia".
Sobre este respecto también se ha pronunciado el representante sindical de CSI-CSIF en el ayuntamiento, Carmelo García, que califica la medida de "exagerada y excesiva. No creo que haya tantos problemas de seguridad, aunque también puede ser una forma de controlar a los trabajadores".
El portavoz del grupo socialista, Angel Calle, indicó que ya han solicitado la convocatoria de la comisión de transportes en dos ocasiones para que informen de este asunto, sin éxito.
