A cinco días de que se callen las promesas, los reproches y la machacona megafonía móvil, parece que vamos abocados al fin del mundo que, si nadie lo remedia, se producirá nada más pasar el próximo domingo. Y nada más lejos de la realidad. Lo único que ocurrirá que volverán a ser los ciudadanos los que decidan, con su voto, cómo se va a dirigir el ayuntamiento y el Gobierno regional. En estos días todo vale y se juega con el desconocimiento que todo, tenemos acerca de las leyes y, en este caso concreto, de la Ley Electoral, o LOREG. Hay quien juega con que, si muchos no se han leído ni siquiera El Quijote, mucho menos la LOREG, bastante menos atractiva.

Viene esto a colación del voto delegado. Sí, ese que hacen todos los partidos y que no sabemos por qué razón, este año se ha denunciado como algo ilegal. Viene contemplado en el Art. 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de la LOREG, y desde que entrara en vigor esta ley se ha venido realizando en nombre de aquellos que el día de las elecciones tienen un impedimento para acudir a votar. Antiguamente eran las monjitas del asilo las que en su furgoneta blanca acercaban a los ancianos a votar. En otras ocasiones, las propias monjitas se apoderaban para ejercer el voto en nombre de los ancianos. E incluso ha habido citas electorales en las que los propios candidatos se han acercado en taxi para llevarlos a votar.

El procedimiento está rigurosamente controlado. Para ello, un médico certifica (de manera gratuita) que la persona está incapacitada para acudir al colegio electoral. Luego el notario da fe de que esa persona está en plena posesión de sus facultades para ejercer el derecho al voto y que no está siendo coaccionada. En ese acto, el notario apodera a otra persona para que realice el sufragio en su nombre. A partir de ese momento es igual que el voto por correo, es decir, "una persona, un voto". Los funcionarios de Correos se convierten en fedatarios públicos para que no haya duplicidades que, además, son comprobadas posteriormente por el presidente de la mesa correspondiente.

En definitiva, un proceso que, ante cualquier duda, pone en entredicho la credibilidad profesional de un médico, un notario y un funcionario de Correos... y no es un chiste. Son muchos para ponerse de acuerdo y amañar unas elecciones. ¿No creen?