El Tribunal de Cuentas ha solicitado al ayuntamiento información (nombre y domicilio) sobre los claveros --personas con capacidad de firma-- de esta institución durante los años 2003 al 2007, fechas correspondientes al último gobierno del PP en Mérida, y que fueron objeto de una auditoría en la que se detectaron diez indicios de responsabilidad contable. Como ya informó EL PERIODICO el pasado 22 de septiembre, el citado tribunal comunicó al ayuntamiento que aceptaba la documentación presentada al respecto por el actual equipo de gobierno local, y que se iniciaba el trámite para nombrar al instructor que dirigirá el procedimiento por el que se estudiarán las presuntas irregularidades contables, una responsabilidad que recae en José Manuel Andreu Cueto.

La información que reclama el tribunal está compueta por aquellas personas que durante aquel periodo actuaron como claveros. Esta relación está encabezada por el entonces alcalde de Mérida, Pedro Acedo, así como los exconcejales Alfredo de la Rubia y Pilar Vargas, quienes le sustituyeron al frente del ayuntamiento durante sus ausencias.

También constan el tesorero durante aquellas fechas, que es el actual interventor, y las tres personas que actuaron en este puesto entonces. El tribunal también ha pedido la identificación de los responsables de la Gerencia de Urbanismo y de la Empresa Municipal de Transportes, que son los organismos en los que se han detectado las presuntas irregularidades contables. El primero es Manuel Gámez, que tenía delegadas las competencias de las funciones atribuidas al alcalde con respecto a este organismo autónomo, ya extinto, y Prudencio González, que era el gerente y, por tanto, el único responsable de los pagos y administración de citada empresa municipal.

La auditoría que realizó la empresa ATD Auditores Sector Público SL detalla casos de pagos realizados sin justificación documental alguna; hay operaciones sin que exista un contrato de por medio; pérdidas de plusvalías en operaciones inmobiliarias; abonos de nóminas retrasadas sin justificación; o compensaciones económicas que perjudican a las cuentas públicas. Según el análisis realizado a las cuentas del ayuntamiento, en aquel periodo las arcas municipales dejaron de percibir ocho millones de euros. Una de las labores del instructor será determinar cuál de los indicios sigue adelante y si entre ellos alguno tiene consecuencias penales.