Los sindicatos UGT y CCOO ha convocado para el sábado 13 de noviembre una concentración para protestar contra la persecución sindical que consideran se sufre en el ayuntamiento. La manifestación estará encabezada por los responsables nacionales de estos dos sindicatos, Cándido Méndez, por UGT, y José María Fidalgo, de CCOO. La protesta se desarrollará en la plaza de España a partir de las doce del mediodía.

Tanto UGT como CCOO han hecho un llamamiento los trabajadores de la región para que participen en la concentración, además de los de Mérida y del ayuntamiento. También invitarán a los colectivos y asociaciones de la ciudad y a todas las personas "que sufren la prepotencia de determinadas personas" del equipo de gobierno, según manifestó ayer el secretario regional de CCOO, Julián Carretero.

Carretero explicó que las razones que han llevado a los sindicatos a convocar esta movilización "son una sucesión de hechos contra todo lo que ha sido el proceso sindical en el ayuntamiento, personalizado en el alcalde, Pedro Acedo, como responsable máximo".

También explicó que el trabajo sindical "habitual en cualquier empresa", como el acceso funcionarial o la oposición a privatizar determinados servicios, ha tenido como respuesta del gobierno local "el atropello de las libertades sindicales con expedientes sancionadores a delegados sindicales o la suspensión de empleo y sueldo".

LA POSTURA DE UGT Por su parte, Miguel Bernal indicó que el desarrollo de la actividad sindical está amparado por las leyes, "y en el ayuntamiento nos encontramos con una situación radicalmente opuesta a lo que debe ser. Falta sistemáticamente al ordenamiento jurídico, incumple las más elementales normas del Derecho laboral, falta de respecto a los trabajadores y un modus operandi basado en la prepotencia".

Ante esta situación, Bernal hizo un llamamiento al alcalde: "Con personas como el concejal (Gonzalo) García de Blanes tiene garantizado permanentemente el conflicto con las organizaciones sindicales. Debería haber un cambio en la política de relación con los trabajadores y los sindicatos y las personas que están llevando a cabo esas políticas por delegación del alcalde".

Carretero recordó que el ayuntamiento es la única institución de España que tiene abierta una causa por la huelga general del 20-J del 2002. Hay seis procesos judiciales pendientes contra sindicalistas.