A vueltas con los presupuestos municipales. La portavoz del gobierno local, Carmen Yáñez, dio cuenta ayer durante la sesión plenaria de la liquidación del presupuesto general de 2017, así como del informe de evaluación del cumplimiento de varios parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda. En concreto, la edil destacó que «por primera vez» en los últimos años, el ayuntamiento cumple con los requerimientos del ejecutivo central, lo que se traduce en que la situación económica del consistorio «evoluciona» y permitirá que las cuentas de 2018 tengan «mayores inversiones».

Según los datos aportados por Yañez, el consistorio cumple con la estabilidad presupuestaria, que arroja un saldo positivo de 9,2 millones de euros a cierre de 2017; la regla de gasto, en 1,2 millones; el periodo medio de pago a proveedores, que se sitúa en 24,7 días, y el remanente de tesorería, con un superávit de 2,4 millones de euros. A juicio de la portavoz, estas cifras aportarán «más credibilidad» al consistorio frente al Ministerio de cara al cumplimiento del plan de ajuste presupuestario de 2012-2032.

Cabe recordar que el gobierno municipal ya ha firmado acuerdos con IU y Mérida Participa (Podemos) para poder sacar adelante las cuenta municipales de 2018. Con ambas formaciones se ha acordado aumentar las inversiones en políticas sociales e infraestructuras, algo que dependería en buena medida del visto bueno de Hacienda para poder gastar los 2,4 millones de euros de superávit, después de que se haya aprobado el decreto que autoriza a los municipios con las cuentas saneadas a gastar el remanente.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ya se pronunció sobre este asunto explicando que primero tendrían que aprobarse los nuevos presupuestos y, en un pleno posterior, se incluiría el importe del superávit para gastarlo. Durante la sesión plenaria celebrada ayer, el primer edil aseguró que «va a haber presupuesto municipal ya mismo», pero subrayó que para la aprobación de las cuentas es necesaria la autorización de Hacienda.

Entre otros asuntos, la corporación debatió una moción de urgencia presentada por el grupo municipal popular para instar al Ministerio de Medio Ambiente, a la Consejería del ramo y a la Unión Europea a declarar la situación del camalote en el río Guadiana de catástrofe mediaombiental. Sin embargo, tras el debate se decidió retirar la moción para tratar de nuevo este asunto en una comisión o junta de portavoces y poder así consensuar las acciones que estén encaminadas a hacer frente a la proliferación del jacinto de agua. En el turno de palabra para los asistentes al pleno, una de las trabajadoras del grupo Abeto que no ha sido subrogada por el ayuntamiento tras la remunicipalización del servicio de limpieza de los edificios municipales, pidió al equipo de gobierno ayuda para solucionar la situación de «vacío legal» en la que se encuentran una veintena de empleados.