XLxos nacionalistas catalanes se presentan como víctimas de una sangría de recursos fiscales que empobrece a Cataluña. La insuficiencia de gasto público del gobierno central, según sus cuentas, ha creado un enorme déficit que amenaza el crecimiento económico. No son, pues, sus propias decisiones sino la aplicación demasiado generosa del principio de solidaridad lo que explica la pérdida de dinamismo de la economía catalana.
La necesidad de cambiar el sistema de financiación se relaciona también con un imperativo de mayor autogobierno, en un doble sentido. Como mayor descentralización, ampliando las transferencias de poder político, o, lo que viene a confundirse, de recursos financieros, desde las instituciones centrales a las autonómicas. Curiosamente, los nacionalistas se paran ahí, cuando, en buena lógica, la descentralización, y con ella el autogobierno, debería continuar desde las instituciones autonómicas a las locales. En otro sentido, expresado con mucha claridad por el consejero jefe Bargalló , lo del autogobierno vendría a ser un eufemismo. Más exacto sería hablar de propuestas federalistas o federalizantes, como mal menor, a la espera de un bien mayor, que pasa por la confederación para llegar a la independencia. Es decir, lo conseguido está bien hasta que se encuentre ocasión de reclamar más, sin poner fin ni límites a priori.
Desde el Gobierno tripartito, el consejero Castells lidera la propuesta de un nuevo sistema de financiación, en el que la Generalitat administraría todos los impuestos pagados en Cataluña y el Estado tendría una participación del 50% como máximo. Admite que los impuestos los pagan los ciudadanos, pero al Gobierno central y al Gobierno autonómico. Si el sistema se generalizara, a su juicio, con el 50% ninguna autonomía debería perder en términos absolutos, aunque reconoce que el cambio de modelo supondría en el futuro modificar las posiciones relativas de partida. "Si los ciudadanos pagan más impuestos, una parte de ellos debe revertir en más ingresos para el gobierno autonómico, como ocurre en todos los países federales", afirma Castells, y opina que "las distintas comunidades autónomas puedan prestar niveles similares de servicios si realizan un esfuerzo fiscal similar" (EL PAIS, 8.05.05). Dicho de otro modo, se justifica que en aquellas autonomías donde sus habitantes pagan más impuestos, como media por habitante, tienen derecho a más gasto público por habitante. Este nuevo modelo se negociaría bilateralmente con el Gobierno de la nación y sería aprobado por el Parlamento catalán en el nuevo estatuto de autonomía.
Así se llega a un callejón sin salida, puesto que en la España de las autonomías el modelo de financiación tiene que ser compartido. Cualquier ventaja, por pequeña que sea, que se arranque bilateralmente, la querrán los otros, y esto terminaría por dejar sin recursos financiacieros a la Administración General del Estado (AGE). Vaciar de competencias fiscales al Gobierno de España o compartimentarlas, lo que impediría una política fiscal nacional, provocaría efectos difíciles de cuantificar, pero en todo caso desastrosos.
El problema que se plantea con propuestas como la catalana, según el ministro Solbes , no está en el reparto de recursos entre la AGE y las autonomías, sino entre éstas, y, en consecuencia, "si el sistema de reparto entre comunidades autónomas debe reducir el nivel de solidaridad entre ellas". Solbes propone, además, incorporar en el debate el reparto de fondos que reciben los ayuntamientos.
Sin embargo, el nivel de solidaridad no emana de negociaciones bilaterales o multilaterales entre el Gobierno de la nación y los autonómicos. El art. 138.1 de la Constitución establece que "el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2". La autonomía y la suficiencia financiera de las administraciones autonómicas están subordinadas a este principio. De lo contrario, no se asegura la prestación de servicios a todos los españoles en los mismos niveles. La educación, la sanidad y los servicios sociales transferidos a las autonomías acabarían siendo de primera en las comunidades ricas, porque su 50% crecería más, y de segunda en las comunidades pobres.
*Economista
