WSwi llegan a concretarse las propuestas que se barajan para la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, más de 700.000 contratados laborales en todas las administraciones públicas españolas podrían ser despedidos sin derecho a percibir una indemnización. Hasta ahora, esta iniciativa no deja de ser un ejercicio teórico de los expertos. En el mundo empresarial, para despedir deben existir causas objetivas. Sin embargo, los asesores del Gobierno creen que ese requisito no es necesario en el ámbito público, pues entienden que la Administración, al actuar siempre por razones de interés general, nunca despide sin razón objetiva.
Los sindicatos han anunciado su oposición a esta propuesta, que en su raíz es contradictoria, porque la Administración apoya el despido libre que niega en su propia jurisdicción laboral. A juicio de las centrales, se vulneraría la legalidad al recortar los derechos de estos empleados que no son funcionarios. No obstante, y con las cautelas necesarias en materia de derechos y obligaciones, es saludable que se debata cómo debe ser la función pública en un futuro próximo. Debate al que no puede ser ajeno el dinamismo que se impone en todos los sectores.
