El mismo día en que la Ley de Adopción Internacional supera el primer paso en el Congreso, siete españoles ha sido acusados en Chad de colaboración en una oscura trama de compra-venta de niños que al final no eran huérfanos ni procedían de Darfur, la zona del conflicto. Pese a las quejas de los familiares de la tripulación, que quieren lógicamente el regreso de los suyos, Exteriores confía en que la imputación de colaboradores necesarios para el tráfico de niños no prospere por falta de pruebas. El apoyo de su Gobierno puede ser el único instrumento que permita a pilotos y azafatas regresar a casa.

El escándalo levantado por este caso hace, si cabe, más necesario que nunca la aprobación de una ley que recoja toda la dispersa normativa por la que se regula la adopción internacional. Superado el martes el trámite de enmiendas a la totalidad, el texto pasa a la comisión y, dado lo ocurrido, parece exigible que su aprobación definitiva ocurra antes de que se disuelvan las Cortes. Porque, precisamente, lo que se trata de evitar es el tráfico y secuestro de niños prohibiendo su adopción en países en guerra o que hayan sufrido algún desastre natural. Se da la circunstancia de que ciudadanos occidentales, seguramente bienintencionados pero conmovidos por las imágenes que ven en televisión, pretenden traerse a sus casas a esas criaturas a las que ven inmersas en un conflicto. E incluso están dispuestos a pagar pensando, con intolerable superioridad, que en su país de origen, pobre y tercermundista, no tienen futuro.

Puede que estos generosos adoptantes desconozcan que la recomendación de la ONU es que los niños se queden con sus familias, porque al desgarro de la guerra no se puede sumar la pérdida de los afectos. Por eso, a quien hay que ayudar es a las familias para que puedan cuidarles como desearían. Se nos olvida que el amor de los padres a los hijos es el mismo, con o sin pobreza. Que una buena situación económica no garantiza la felicidad de un menor arrancado de los suyos y que, comprar a un niño, es quitarle su dignidad y convertirle en un objeto.

La imprescindible Ley de Adopción Internacional deja muy claro que el objetivo es defender el interés superior del niño y el respeto a sus derechos; que nunca podrá producir beneficios financieros distintos de aquellos que fueron precisos para cubrir los gastos estrictamente necesarios. Por si alguno tenía alguna duda.