El colegio de Almoharín vive una situación anormal: 8 de sus 14 maestros están de baja por depresión debido, según aseguran, a la "situación insostenible" que se vive en el mismo. Lo achacan a la actitud de su directora, María Teresa Martín, a la que acusan de ejercer presiones y amenazas. Las acusaciones están por ver y, en este sentido, y sin poner un punto de crítica por ejercer ese derecho, es una lástima que los inspectores enviados por la consejería para averiguar qué es lo que pasa en el centro hayan sido recusados por la directora y, con ello, se haya perdido un tiempo para aclarar la división que se vive en el centro.
Este conflicto no dejaría de ser menor --sus consecuencias son limitadas: las bajas están cubiertas y se da clase con normalidad-- si no fuera porque alguna decisión de la directora ha hecho que trascendiera el colegio y afectara a la población: una persona que pone tanto celo en defender sus derechos, y hace bien, no debería tratar de impedir los de los demás. Y en este sentido, resulta improcedente que acudiera al ayuntamiento a retirar las quejas de los familiares de los alumnos y las firmas recogidas para que se esclarezca lo ocurrido en el colegio. No debió hacerlo, porque con una conducta así es más fácil llegar a pensar que los 8 enseñantes están efectivamente atemorizados y que cuando los padres de alumnos se niegan a hablar de este asunto por miedo a represalias sobre sus hijos, ese miedo se note en Almoharín, donde, como dice alguno de ellos, "algo pasa".
