El juez Garzón ha archivado la denuncia presentada en 1997 por IU, secundada por el PP, diciendo que la liquidación de cuentas de la Expo-92 de Sevilla contenía irregularidades. Entonces se afirmó que hasta 6.500 millones de pesetas de esa procedencia habían servido para financiar irregularmente al PSOE a través de paraísos fiscales. Siete años de pesquisas han llevado a la conclusión de que era mentira y que no hubo malversación.
Vale la pena recordar que lo de la Expo tuvo amplia resonancia. Determinados periódicos y televisiones utilizaron como supuesta prueba seria algunos datos del Tribunal de Cuentas que al final no han demostrado esas irregularidades. El proceso se inició después de la llegada de Aznar al poder, tras la pinza creada en 1993 entre el líder popular y Anguita, de IU, para desplazar al PSOE de la Moncloa. La querella por malversación en Sevilla-92 era un golpe bien calculado para emborronar una de las iniciativas más emblemáticas de Felipe González. Ahora, el archivo del caso no repara el daño hecho, pero sirve al menos de lección sobre los procedimientos utilizados en la lucha política en años recientes y por medios y personas que aún nos rodean.
