WLw a crisis económica es internacional, pero cada país y cada comunidad autónoma la vive con sus propias peculiaridades. La de España, por desgracia, es el paro. De la misma forma que el país ha sido líder en Europa en la creación de empleo en periodo de vacas gordas, ahora lo es en destrucción de puestos de trabajo. Así lo corroboran tercamente las cifras que mensualmente publica el Instituto Nacional de Empleo (Inem). Las de ayer, relativas al mes de noviembre, señalan un aumento de 171.000 personas más apuntadas en las oficinas del paro, un dato catastrófico, que sitúa el número de desempleados registrados en el Inem al borde de los tres millones de personas, cifra que es muy preocupante por más que ya se alcanzara a principios de los años 90 cuando la población activa era muy inferior a la de ahora. Es obvio que la prioridad de cualquier Gobierno debe ser, en este contexto, la creación de empleo. Por eso EL PERIODICO ha apoyado las medidas urgentes encaminadas tanto a movilizar la mano de obra --caso de las inversiones extraordinarias de los ayuntamientos en nuevos proyectos por un total de 8.000 millones de euros, 193 de los cuales llegarán a Extremadura-- como a abrir el ahora muy restringido crédito de las entidades financieras para familias y empresas. Es pronto para saber si tales medidas paliarán la creciente destrucción de empleo, pero cabe insistir en que para que así sea es fundamental que todas las administraciones públicas trabajen coordinadamente y pongan el acento en la creación de puestos de trabajo en obra nueva y no en tapar agujeros.

El país se enfrenta, además, a otro reto: el de no dejar abandonada a la gente que ya ni siquiera puede cobrar el subsidio de desempleo o la renta de inserción laboral; es decir, aquellas personas que han quedado fuera de la cobertura que facilita el Estado del bienestar. Es un fracaso social que cientos de miles de personas se vean abocadas a vivir de la solidaridad de las familias o de entidades caritativas. Esa realidad exige un esfuerzo colectivo de todas las administraciones públicas y del sector privado para que, en lo que parece el momento más profundo de la crisis, no queden descolgados hombres y mujeres cuyo trabajo contribuyó al ciclo benigno de más de diez años de duración. No se trata de hacer políticas buenistas, sino de agilizar todos los mecanismos de búsqueda de empleo y de pago puntual de subsidios porque detrás de las cifras del Inem hay dramas personales a los que es prioritario atender.

En el caso de Extremadura, la crisis del empleo está teniendo, por ahora, un impacto inferior a la media nacional. La cifra de parados subió un 2,80% en noviembre, un ritmo dos veces inferior al del resto del país (6,08%). Pero no conviene detenerse en esto, sino en poner en práctica medidas anunciadas y aún no desarrolladas como --en el caso de la construcción-- son el impulso a las VPO, la rehabilitación de viviendas o las inversiones en equipamiento social.