Algunas comunidades han creado su propio mercado de deuda. Emiten con independencia del Ministerio de Economía, al que solo informan de la cantidad. La última que ha utilizado este sistema ha sido Cataluña, que se propone colocar entre inversores particulares bonos por valor de 1.000 millones ampliables a 2.000 a un año y a un interés del 4,75%. Se trata de una medida que ya utilizó el Gobierno de Navarra, que colocó los bonos a través de Caja Navarra. En esta ocasión, sin embargo, la iniciativa catalana está envuelta en la polémica. Y no es para menos: se trata de la rentabilidad más alta que puede encontrar el ahorrador español a ese plazo. La última subasta de letras del Tesoro a 12 meses quedó en el 1,9%, y solo hay una entidad financiera que llegue al 4,75% de interés. En este contexto, no es extraño que el gobernador del Banco de España haya alertado sobre la deuda de las autonomías y su tendencia a expandirse. Los gobiernos autonómicos tenían previsto recurrir este año a los mercados para reunir un total de 30.000 millones. Los sucesos de Grecia aconsejaron dar un paso atrás y esperar a que las aguas volvieran a su cauce. Es lo que ha hecho, entre otras, Extremadura, que, a pesar de haber regulado en abril el procedimiento para acceder a 375 millones (la región arrastra una deuda superior a los 1.300, un 7% de PIB) hasta ahora lo ha descartado. No se sabe por cuánto tiempo, porque sindicatos y patronal le presionan para que se endeude más. Hoy, cuando se apruebe el anteproyecto de Presupuestos, se verá si mantiene o no su propósito.
