Desde ayer lunes, los ciudadanos españoles pueden presentar las solicitudes para acogerse a los beneficios contemplados en la oficialmente llamada Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Es la conocida a nivel popular como Ley de Dependencia, que fue aprobada a finales del año 2006, y que constituye uno de los avances jurídicos que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presenta como aval en su gestión social, uno de los pilares de la política socialista.

Debemos recordar, asimismo, que la ley nació con un gran respaldo, puesto que mereció el explícito de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, y si se produjo la excepción de las formaciones nacionalistas (PNV, CiU, EA y Nafarroa Bai), es porque discutían no la idoneidad ni la necesidad del texto, con las que estaban de acuerdo, sino el hecho de que su aplicación podía invadir competencias propias de las comunidades autónomas.

Es una circunstancia no desdeñable que en una legislatura que desde su inicio está siendo marcada por la distancia y la crispación entre las dos principales fuerzas políticas de ámbito nacional y con posibilidades de encabezar el Gobierno, esta norma haya sido una de las pocas iniciativas que ha contado con el acuerdo de las mismas. Es aún más importante que todo eso la propia ambición de la ley, porque reconoce a la ciudadanía nada menos que un nuevo derecho, el acceso al cual viene a ser previsto, regulado, promovido y financiado (no en su totalidad, pero sí en buena parte porque el resto corresponderá a los beneficiarios) por las administraciones públicas.

La fijación del escenario, la asunción del problema social que significa la atención a las personas que dependen, en mayor o menor grado, de sus familiares para seguir teniendo la mejor calidad de vida posible, es una excelente noticia que solidifica los fundamentos del Estado del bienestar. La ley prevé que las prestaciones sean de carácter universal y público y que todos los ciudadanos accedan a sus beneficios en pie de igualdad. Además, en las previsiones de desarrollo de la ley hasta el 2015, se calcula que las acciones presupuestarias en este campo se incrementarán del 0,3% al 1%, un avance significativo, aunque aún inferior al de otros países europeos.

Los problemas pueden surgir justamente en el terreno de los presupuestos. Y es que se trata de un barco muy costoso y habrá que ver si existe financiación suficiente para que pueda navegar. Tanto en el terreno de las relaciones entre administraciones y en el del copago de las prestaciones entre autonomías y el Estado, como la percepción que tenga el ciudadano, que como ya se ha dicho también tendrá que contribuir con su parte, tendremos que valorar hasta qué punto la aplicación de la ley solucionará definitivamente los déficits de asistencia y los problemas gravísimos de calidad de vida que atañen a tanta gente en España.