La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha negado a facilitar al ayuntamiento cacereño una muestra del agua utilizada para hacer el análisis que concluyó en que la de la red pública no era potable, y tampoco a facilitar de dónde la había tomado. La OCU añade que no entregará voluntariamente la muestra porque es la prueba de su defensa y sólo lo hará si se la pide un juez. No está acertando la OCU en este conflicto y parece no darse cuenta de que la noticia difundida ha causado alarma entre los ciudadanos. La OCU podía haber puesto condiciones para asegurarse de que no habría manipulación si entregaba la muestra, pero tenía que haberse prestado a colaborar. Su derecho a la defensa es muy importante, pero también lo es el derecho de la gente a la tranquilidad.