La semana que hoy termina ha marcado dos hitos en la lucha contra incendios en España y Extremadura. El mismo día en que el Congreso aprobaba la Ley de Montes, con los únicos votos a favor de PP y PNV, el consejero extremeño de Desarrollo Rural, Francisco Javier López, confirmaba en la Asamblea que la reforma forestal anunciada por Ibarra en agosto se articulará en los próximos meses mediante una ley que, entre otras cuestiones, prohibirá la recalificación de los terrenos quemados, regulará las quemas controladas, diseñará nuevas fórmulas para que los cortafuegos sean eficaces y posibilitará la firma de convenios con las regiones limítrofes y con Portugal para colaborar más eficientemente en la extinción de incendios. Sin duda se trata de dos iniciativas importantes para avanzar en la complicada batalla contra esa lacra que son las llamas. Además, la ley estatal permite un amplio margen de maniobra a las autonomías para que éstas adapten las legislaciones a sus particularidades, lo cual agilizará las medidas en la práctica y evitará roces políticos. Sólo siete comunidades tienen actualmente una ley antiincendios y Extremadura se incorporará a corto plazo. Con todo, lo crucial no es la ley sino poner medios para que se pueda cumplir. Lamentablemente, tanto dentro como fuera de la región hay ejemplos de normas legislativas que se han convertido en ineficaces por falta de desarrollo y dotación económica.
