La sujeción de la UE a los dictados de la Administración de Bush en materia de seguridad ha quedado confirmada con la ratificación por los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete del acuerdo relativo a la entrega al Departamento de Seguridad de Estados Unidos de 19 datos personales de los pasajeros que vuelen desde Europa a aquel país. La UE se ha dado por satisfecha con las garantías genéricas dadas por el Gobierno estadounidense acerca de la utilización de estos "datos sensibles" solo en "casos en los que peligren vidas", un compromiso francamente impreciso, no solo porque lo ha dicho el Parlamento Europeo, sino por la acreditada incapacidad del Gobierno de EEUU para analizar situaciones amenazantes y su tendencia a las acciones preventivas. Con todo, lo más inquietante no es la exigencia norteamericana, sino que los ministros de Asuntos Exteriores no encuentren reparos jurídicos en que las compañías aéreas faciliten a un gobierno extranjero "el origen racial étnico, la ideología política, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical" y otros detalles sobre "salud y vida sexual" que atañen a los derechos fundamentales y la vida privada, protegidos por todas las constituciones. Resulta inquietante, además, porque el Tribunal de Justicia de la UE estimó que carecía de base jurídica un tratado cerrado en el 2004, que el ahora ratificado sustituye, justamente porque el respeto a la intimidad y el control de información confidencial quedaban seriamente malparados. Más o menos como con el nuevo, toda vez que el uso de los datos sigue dependiendo en exclusiva del criterio de los funcionarios de un Gobierno fuera del control de los socios de la UE.
