La misma semana en que habíamos conseguido recuperar la sensibilidad colectiva ante los accidentes de tráfico --con la cifra oficial de 76 muertos en carreteras españolas durante el puente-- hemos vuelto a ver frustrada la posibilidad de afrontar este grave problema con sensatez y eficacia. Primero fue el director general de Tráfico, Carlos Muñoz Repiso, quien rechazó contemplar como un buen ejemplo que en Francia se ha acotado el problema endureciendo la penas a los conductores temerarios. Desde las filas socialistas, se propuso el carnet por puntos, que cada infracción del código suponga una amenaza progresiva de pérdida del permiso. Ni caso.
El jueves, el Ministerio del Interior aplicó la doctrina del PP: ante una inquietud social, se cambian las normas sin más contemplaciones. Lo hicieron rematadamente mal, introduciendo en la ley de acompañamiento una modificación de la ley de seguridad vial que permite, con un texto confuso y que vulnera otros derechos, que cualquier guardia retire el permiso de conducir en condiciones poco especificadas. Dada la vía elegida para introducir ese cambio, estamos peor que antes. Queríamos normas más eficaces y el PP las acaba haciendo más incomprensibles.
