El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a los 17 detenidos en España acusados de pertenecer a Al Qaeda. También a otros 18 miembros de la dirección del grupo, incluido Osama bin Laden. Les imputa de varios cargos por su relación con una banda armada y también de los atentados del 11-S, basándose en que fueron en parte planificados aquí.

La red de Bin Laden actuó presuntamente en territorio español; el terrorismo es un delito de persecución universal; y la Audiencia Nacional es competente en el tema. Así que jurídicamente su decisión es correcta, aunque la militancia de varios de los acusados deba aclararse y la conexión entre su actividad y los atentados concretos del 11-S ofrezca dudas. Pero para evitar acusaciones de protagonismo, Garzón podría haber limitado su persecución a las células españolas. Que haya dictado orden de búsqueda y captura contra el escurridizo Bin Laden, afirmando que resulta "imprescindible" para lograr que se someta a la acción de la justicia, no ayuda a redondear la seriedad de su actuación. Sin embargo, que Garzón emprenda actuaciones judiciales debería escandalizarnos menos que la declaración de una guerra ilegal a partir de pruebas inexistentes.