El Gobierno de Zapatero no ha podido sustraerse a un vicio muy arraigado en la democracia española: el recurso a campañas publicitarias para vender gestión en el último tramo de la legislatura. El Ejecutivo se gastará en los próximos meses la nada despreciable cifra de 268 millones de euros en campañas de publicidad. Es cierto que en el último tramo del mandato de Aznar ocurrió algo parecido, y que distintos gobiernos autonómicos han sucumbido a la tentación de la propaganda. Sería bueno que los partidos llegaran a acuerdos para frenar entre todos ese ímpetu publicitario y que el Tribunal de Cuentas fuera más ágil en el control del gasto en ese capítulo.

Pero dicho eso, cabe una segunda reflexión: cómo se transmite a la ciudadanía la acción de gobierno en una sociedad presidida por el ruido mediático y en la que la agenda política la marcan los intereses, no siempre confesables, de partidos y grupos de comunicación. Es esclarecedor el hecho de que dos de cada tres españoles desconozcan en qué consiste la ley de dependencia, el proyecto estrella del Gobierno de Zapatero en el área social. ¿Tiene entonces derecho el Ejecutivo a gastar una millonada en explicarse? Posiblemente, sí, pero siempre que no lo haga con fines electoralistas. La información a la gente debe formar parte del día a día de la política y no concentrarse en periodos próximos a las elecciones.

Por otra parte, la idea del presidente de rubricar todas las campañas con la expresión "Gobierno de España" es un intento simplón de subrayar la españolidad de su proyecto después de los ataques sufridos desde el PP por la tramitación del Estatut y por el intento de diálogo con ETA.