La hinchada del PP está crecida. Quiere arrancar a mordiscos la dimisión del exministro del Interior, hoy de Defensa, José Antonio Alonso , en relación con las detenciones de dos compañeros por supuesta agresión al ministro Bono (enero 2005, manifestación contra la política antiterrorista del Gobierno). Y como no lo consigue por las buenas quiere conseguirlo por las malas, al precio de convertir el Parlamento en una taberna.
Le pregunto a Mariano Rajoy si le parece bien este modo de comportarse. Se encoge de hombros y me informa del cabreo de su gente con este asunto, que a él le parece gravísimo que alguien sea detenido por razones políticas y que el miércoles que viene, en la próxima sesión de control, él personalmente pedirá la dimisión de Alonso.
La llamada Operación Atrio , un nuevo caso de estafa masiva conocido el martes por la mañana, encrespó aún más los ánimos. En el PP se interpretó como una cortina de humo del Gobierno para ocultar los ecos de la sentencia judicial que veinticuatro horas antes había calificado de ilegal la detención de dos militantes del PP por el llamado caso Bono .
Las algaradas comenzaron al día siguiente. El miércoles, los hooligans del PP increparon a Zapatero en el Congreso. A los gritos de "¡libertad, libertad!", mezclados con pateos e insultos tales como "fascista", "sinvergüenza" y otras lindezas, pidieron la dimisión del ministro y pusieron en apuros al presidente de la Cámara. "Así no se puede trabajar", decía Marín resignado mientras pedía respeto para el orador, el presidente del Gobierno.
El jueves la cosa subió de tono, ya en presencia del propio Alonso, que comparecía en relación con un asunto de su departamento (envío de tropas a Afganistán). Fue expulsado del hemiciclo Martínez Pujalte , mientras a la misma hora, en la Asamblea de Madrid, sus compañeros se retrataban con los brazos esposados y unidos entre sí, desbordando a su propia compañera, la presidenta de la Cámara.
Según el PP y sus terminales mediáticas, la operación Atrio , contra Afinsa y Forum Filatélico, era una tapadera del Gobierno para eludir su responsabilidad política por la sentencia del caso Bono. Pudiera ser. No porque las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción sean falsas, sino porque el Gobierno tiene capacidad de elegir el momento de la actuación policial.
Por tanto, no pondría yo la mano en el fuego. Sin embargo, algo queda claro en este asunto. Al PP le importa mucho más la dimisión del ministro Alonso que el drama de esos 350.000 pequeños ahorradores.
*Periodista
