La sentencia de la Manada que hemos conocido esta semana marcará un antes y un después en la judicatura a la hora de juzgar delitos relacionados con la libertad sexual. Estoy seguro de ello. Ha sido un ejemplo claro para demostrar que la justicia y quien la imparte viven en ocasiones realidades paralelas y sus opiniones, enfrascadas en tecnicismos y visiones sesgadas de un mismo hecho delictivo, no tienen nada que ver con el acontecer diario y la visión general de la sociedad a la que sirven.
Sinceramente, sin dejarme llevar por la ola de repulsa que ha generado la sentencia con posterioridad, nada más conocer el fallo el jueves al mediodía me entró una sensación de indignación. Después, la lectura del voto particular de uno de los magistrados me produjo una sensación de asco.
He discutido desde entonces con personas a las que la justicia les ha fallado, personas que llevan el derecho como bandera y jamás discuten una sentencia, personas que creen en el estado de derecho y confían en que instancias superiores como el Tribunal Superior de Justicia de Navarra o el propio Tribunal Supremo ‘corregirán’ este desvarío, pero el daño que ha provocado la sentencia en la víctima y lo que representa acerca de la seguridad y el comportamiento de las mujeres cuando sufren una agresión sexual pone los pelos de punta. Rezuma un machismo impropio y minusvalora cara a la sociedad determinados comportamientos que son intolerables.
No soy jurista, pero he visto cómo las leyes se cambian cuando no dan respuesta a la sociedad. Y en este caso está claro que o fallan los jueces o falla el Código Penal. O las dos cosas. El gobierno ya dijo el viernes que se aviene a estudiar una reforma legislativa encaminada a tipificar como agresión sexual y no como simple abuso conductas como la de los condenados de la Manada, que el propio tribunal relata con todo lujo de detalles en el capítulo de hechos probados y luego no los califica como tal. Y es que para que el delito sea de agresión sexual debe apreciarse que exista o bien violencia, más allá de la que comporta una penetración no consentida, o bien intimidación. En este caso, como se produce una sensación de bloqueo en la víctima (que el propio tribunal reconoce) no se admite la circunstancia de violencia; y como no ha habido amenaza expresa verbalizada por parte de los autores tampoco los jueces aprecian intimidación. Por eso dos de los magistrados califican los hechos de abuso y un tercero incluso ve consentimiento y llega a hablar de «jolgorio», lo que supone una falta de respeto a la víctima. Al menos a mí me lo parece.
Consideran sus señorías que hay prevalimiento, pero en mi opinión cinco hombres, machotes todos ellos, frente a una joven de 18 años supone una superioridad numérica y una fortaleza física que intimida. Lo mismo ocurre con el contexto: un portal al que se ha llevado a la víctima bajo engaños y malas artes. ¿No es intimidatorio?
No quiero ni pensar qué habrá pensando la joven cuando haya leído el fallo y vea que la justicia no le da respuesta e incluso pareciera en algún momento que la culpa fuera de ella. No haber salido, haberse resistido con violencia, no haber entrado en el portal, vienen a decir. Digamos que la violencia sexual es la única donde recae en la víctima toda la carga probatoria.
Considero que los jueces requieren de mayor formación social. En general, digo. La carrera judicial consiste en unas oposiciones que se sacan después de miles de horas estudiando textos de memoria cantándolos como papagayos y no existe un mínimo examen psicológico ni experiencia vital anterior. Así, entran buenos juristas en los juzgados, pero también otros que son solo buenos estudiantes de oposiciones. La jurisprudencia está plagada de ejemplos en los que se es poco respetuoso con las mujeres y existe poca formación en general sobre violencia machista. La carrera judicial está escasamente feminizada porque aún hay pocas mujeres en las altas instancias del poder judicial y estamos hartos de comprobar comportamientos arcaicos y estereotipados anclados en hace demasiados años.
A pesar de todo, confío en este país y en su democracia y también en la sociedad que hemos construido, la cual afortunadamente no consiente determinadas cosas. No hay que cogerse la justicia por la mano e intentar linchar a los malhechores ni amedrentar a quienes tienen que juzgarlos, eso es tan detestable como lo otro, pero sí clamar cuando un fallo sea claramente contrario al sentido común y la interpretación general de las leyes como ha ocurrido esta vez. Eso de estar albur del juez que te toque debe ir acabando, por el bien de una sociedad avanzada que protege a las víctimas de sus verdugos.
