La Lincesa o ley LINCE (Ley para el Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas) tiene un nombre grandilocuente, al estilo de lo que se lleva hoy en día. Sin embargo, conviene no olvidar que se trata de una norma muy simple, aunque también es algo más: una heredera administrativa de otra legislación no menos rimbombante (OMNIBUS), poco apreciada entre otros por el Consejo Económico y Social. La LINCE no es culpable por sí misma, sino que es el resultado natural de los nuevos delirios político-legislativos, a semejanza de la profusión legalista europea y española, por este orden.
La parte doliente de esta orgía normativa de la que hablo es en realidad la economía extremeña. El iluminado que parió esa maravilla legislativa y otras muchas antes, no se dio cuenta del daño que estaba provocando en sus vástagos, herederos de estas nuevas leyes que, abanderadas en lo tecnocrático, parecen justificadas en sí mismas (¿un nuevo despotismo ilustrado?). Bajo el Imperio de la norma de al menos los últimos ocho años, desde los anteriores gobiernos autonómicos, se daría vía libre a una caterva de indocumentados, expertos en imponer nuevas normas con vistas a futuro, de una manifiesta parcialidad en su aplicación inmediata. Esa es su herencia.
XESTA NO ESx la solución para Extremadura. Quizá hubiera sido más sencillo mejorar definitivamente algunos sistemas de funcionamiento administrativo, equilibrar sus medios, o poner las pilas a determinadas instituciones dormidas en los laureles de su pasada fama o, mejor aún, haber cesado a los staffs de asesores y ciertas ayudantías, que alguna culpa habrán tenido de todo este sinsentido y, en todo caso, anulando, de paso, sus sueldos y demás prebendas.
Lo cierto y verdad es que el daño ya está hecho y es una herida mucho más profunda de lo que parece a simple vista. El moderno sistema impuesto no solo ha vuelto locos a empresarios y ciudadanos de a pie, sino también a los funcionarios encargados de su aplicación. Normas como la LINCE, o la también desgraciada nueva normativa "de calidad ambiental" o las normas de simplificación de procedimientos administrativos, incluyendo los telemáticos, no han servido sino para que algunos se lucren, afectando indirectamente a las Pymes, ahora sí con una economía de absoluta subsistencia, enlodadas en parte gracias a la selva legalista y normativa. Evidentemente, como cualquier regla, tiene que haber una excepción a todo esto que cuento. Se trata del secreto a voces de los especuladores del ladrillo, el suelo y la energía, vampiros no sólo de prácticamente todos los recursos naturales extremeños, sino también de la Junta de Extremadura, pues han hecho que ésta se devalúe desde el punto de vista económico, mediante procedimientos, autorizaciones y resoluciones vacías en sí mismas, carentes de objetivo real ¿Es la LINCE respuesta al embotellamiento provocado por estas sanguijuelas administrativas? En absoluto, esta ley no ha aportado mayor competencia y menor regulación, tal y como propugnan sus principios.
Y mientras tanto los funcionarios de tomo y lomo (así podría haber titulado su columna de opinión en La Nueva España el señor Francisco J. Bastida ), no hacemos otra cosa que imaginarnos al barco de nombre Junta de Extremadura levemente escorado, disimulando el mareo que produce tener congelado el sueldo y las ganas. Pues sepan ustedes, conciudadanos extremeños, que los causantes de esta pandemia administrativa llevan tiempo saltando al mar como ratas y huyendo a las Bahamas, sin habernos dado tiempo a darles un escobazo rabioso. Sepan también que este barquito extremeño está a punto de irse a pique, haciendo que la Junta apenas subsista de los recursos, conocimiento y experiencia de los funcionarios, de nuestra valía profesional, en definitiva, de todo aquello en lo que apostaron los que fabricaron este buque insignia, orgullo de un baldío económico.
Y, en tanto en cuanto, la Directiva de Servicios y sus herederas nacionales y autonómicas seguirán consecuentemente haciendo triste historia, especialmente en regiones necesitadas, como Extremadura. Sería recomendable una revisión urgente de los procedimientos, mediante una verdadera ley básica extremeña, con una abierta participación pública, verdadera impulsora socioeconómica. Y, por supuesto, la derogación inmediata de la Ley LINCE, absolutamente inaplicable por lógica y por ética en este confín de Europa, tierra de frontera. Es necesario que gobernantes capaces demuestren coherencia y paternalismo legal y realmente activo, sin tantas rigideces normativas, al estilo del derecho común. Lo contrario sería contarnos historias noveladas, como se hizo en los anteriores reinados de Rodríguez I y Fernández V .
