WDw urante los últimos días la actualidad informativa ha presentado uno de esos casos que escarba en la más íntima sensibilidad de la opinión pública: la entrada en prisión del jefe de seguridad de la familia Tous y yerno del matrimonio de joyeros catalanes. La inseguridad en las calles es uno de los problemas que la ciudadanía entiende como más acuciantes, y episodios como el presunto homicidio de un presunto asaltante por parte de quien protege la propiedad no hace más que elevar a primera página un sentimiento que a veces es difuso, pero que, en otras ocasiones, como en este asunto, se manifiesta con contundencia.
La expresión del sentir popular puede resumirse en esta escueta frase: si nos atacan, tenemos derecho a defendernos, pero vivimos en una sociedad que se dota de leyes, y están ahí para regir la vida social. Son la base de la democracia. No podemos, como sociedad, dejar de exigirnos a nosotros mismos el cumplimiento estricto de los principios que informan nuestra convivencia. Nadie puede tomarse la justicia por su mano sin tener que pagar por ello. Nadie puede aplicar en su defensa criterios que vayan más allá de la proporcionalidad en relación con el ataque sufrido --la defensa legítima--, y nadie debe extralimitarse en unas reacciones que, por muy naturales o inconscientes que sean, nunca han de ser excesivas o contrarias a la ley. Muy a menudo, cuando vivimos una circunstancia que levanta ampollas en la epidermis pública, la primera reacción suele reducirse a un impulso atávico. No debemos dejar que por culpa de la tensión se produzcan fisuras en aquello que nos solidifica como sociedad.
