La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia, Raquel Puertas, quiere que en su municipio se publiquen los nombres de los maltratadores, una vez haya recaído sentencia firme y sin que ello afecte a las víctimas ni a sus familias. Es un asunto controvertido que hace años anunció el actual presidente del Congreso de los diputados, José Bono, cuando todavía era presidente de Castilla-La Mancha. Al final, Bono, aconsejado por juristas, dejó el asunto correr. En principio, su publicación no tendría inconvenientes: todas las sentencias son, por definición, públicas; mucho más la identidad de los autores de delitos o faltas, pero hacerlo por sistema y obligatoriamente tal vez pudiera incurrir en la conculcación del derecho a la imagen del condenado, puesto que en la práctica significaría una pena accesoria más a las determinadas por el juez sin que las determine el juez. De otra parte, el requisito de que la publicación no afecte a las víctimas ni a sus familiares es tan razonable como, en ocasiones, puede ser subjetiva, lo cual, con el transcurrir del tiempo y de los casos, podría dar lugar a algún tipo de discriminación. En último caso, la publicación de los nombres no es más que la exposición a la vergüenza pública, un tipo de justicia primitiva cuya eficacia no está asegurada.
