WTwres meses después de la detención de buena parte de la corporación de Marbella, incluida su alcaldesa, el juez instructor, a propuesta de la fiscalía anticorrupción, ha ordenado detener a 30 personas más relacionadas con la trama de corrupción en el municipio malagueño. Esta vez se trata, además de otros exconcejales (de diversos partidos) y funcionarios, de varios empresarios de la construcción de Andalucía, Madrid y Navarra. Con la expectación, sobreactuada, de cuanto sucede en Marbella, ayer empezó el interrogatorio de los detenidos. Es un buen paso que, en la lucha contra la corrupción que afecta a políticos, las investigaciones no se detengan en los corruptos: hay que perseguir también a los corruptores. En no pocos casos de soborno y cohecho que han afectado a altos cargos del Gobierno central o de los autonómicos, siempre se ha echado en falta una investigación eficaz de los que pagan para obtener favores (licencias, concesiones, adjudicaciones, etcétera). El caso de Marbella ha de servir para acabar con esta impunidad. No en vano ahí han fracasado, durante años, todos los resortes de control del Estado de derecho. Ni Hacienda ni la Junta de Andalucía ni los jueces supieron detener a tiempo la trama marbellí.
