LAS MEDIDAS ESTRELLAS DE ZAPLANA

Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo, anunció una nueva medida en los mismos términos a los que ya nos tiene acostumbrados. Medidas estrellas, relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que vende a bombo y platillo, pero que luego resultan tener un escaso impacto dado su carácter puntual y aislado.

Se trataría de una medida que viene a lavar la cara del Gobierno, frente a las constantes indicaciones y requerimientos que la Comisión Europea ha estado efectuando en su informe sobre empleo 2002, respecto a que en España la brecha salarial entre hombres y mujeres (que oscila entre el 20 y el 30%), lejos de reducirse, se mantiene.

Pero hay que constatar también el escaso interés de nuestro Gobierno por conocer la situación real en España en cuanto a desigualdades salariales. La última encuesta detallada sobre salarios, desagregados por sexo, fue publicada en 1995; es decir, hace ocho años que no conocemos las diferencias salariales entre hombres y mujeres en nuestro país. Y en el año 1999 dejó de aparecer el dato global de diferencia salarial por sexo en la encuesta de estructura salarial.

Desde UGT hemos estado constantemente denunciando la discriminación salarial de las mujeres como una manifestación más de las múltiples discriminaciones que sufren éstas en el mercado de trabajo y proponiendo medidas específicas dirigidas a erradicarlas (tales como revisión de los sistemas de retribución y las clasificaciones profesionales, valoraciones de los puestos de trabajo). Propuestas que, en la mayoría de los casos, han sido desoídas por el ministro.

La acción que pretende poner en marcha el Gobierno es más efectista que efectiva. Lo demuestra la selección de empresas y de sectores denunciados como destinatarios de esta experiencia piloto. Siendo España un país con fuerte presencia de pequeña y mediana empresa, la acción que se pondrá en marcha tendrá como destinatarias 15 empresas suprautonómicas, como ellos mismos han denominado. Y seleccionan sectores con fuerte presencia femenina, que sólo permitirá comparar los bajos salarios de unas mujeres con los más bajos salarios de otras, ya que la escasa presencia de hombres rebajará la diferencia salarial entre sexos.

Aún no conocemos cómo va a ponerse en práctica dicha medida, pero lo cierto es que responsabilizar a la Inspección de Trabajo, como único valedor de la lucha contra la discriminación salarial, no será suficiente. Es necesario que esta medida lleve aparejadas otras como la de realizar acciones de sensibilización y formación a los inspectores de Trabajo, y por supuesto, dotarlos de mayores recursos, hecho que hasta ahora ha impedido que, salvo experiencias piloto, los inspectores de Trabajo no pudieran asumir esta competencia que tienen atribuida desde la creación de este organismo.

Otra medida para completar la anunciada sería establecer acciones específicas que atajaran la segregación ocupacional tanto vertical como horizontal, causa principal de la brecha salarial. El trabajo a tiempo parcial aumenta las diferencias salariales entre hombres y mujeres, ya que ellas son las principales destinatarias de esta modalidad contractual. Nuestro Gobierno, lejos de limitar la adjudicación de estos contratos a las mujeres, manifiesta ante la comisión europea que pretende aumentar el uso de esta contratación en los próximos años.

También es necesario cambiar la percepción que socialmente existe acerca del trabajo de las mujeres, que siempre se percibe como de menor importancia y de escaso valor social.

Por otra parte, hemos conocido los datos de empleo del mes de junio y, abandonando una lectura triunfalista como la que hace el ministro de Trabajo, el número de parados registrados en las oficinas del Inem ha aumentado en la tasa interanual en 33.282 personas, de ellas el 61,62% son mujeres. Por este motivo, entre otros, decimos basta ya de medidas aisladas que no responden más que a fines electoralistas y basta ya de tolerancia al desempleo de las mujeres. No bastan las medidas que atiendan a situaciones coyunturales, y que palíen discriminaciones en la práctica; son imprescindibles, si queremos mejorar la situación laboral de las mujeres, medidas preventivas que eviten prácticas discriminatorias.

Por tanto, reclamamos al Gobierno que en lugar de articular medidas únicas, no rechace propuestas parlamentarias de una ley de igualdad que trate de forma integral todas las discriminaciones que sufren las mujeres en el mercado de trabajo, con medidas específicas que tengan articulado un sistema de control y de seguimiento del impacto que las mismas tengan sobre el empleo de las mujeres, ya que entendemos que ésta sería la mejor forma de luchar contra la precariedad del empleo de las mujeres.