Gabriela fue cobardemente asesinada por un hombre que la quería suya. Pesaba una orden de expulsión, una orden de alejamiento y varias denuncias por malos tratos. Sin embargo, no solo fue cruelmente asesinada, sino que su muerte estaba anunciada. Todos lo sabían. Cuando una mujer denuncia el quebrantamiento de una orden de alejamiento, además de exponerse a la violencia del maltratador por posibles represalias, debe comparecer en el juzgado, declarar, buscar abogado, términos que parecerían lógicos si no fuera porque la denuncia no será tramitada por el juzgado de violencia que extendió la sentencia de alejamiento, con lo cual el seguimiento sería total y la rapidez y efectividad en su protección, más adecuadas. La Administración de justicia considera que un quebrantamiento de la orden de alejamiento es un quebrantamiento de condena, un delito contra esta institución y no contra la víctima, ahora doblemente expuesta. El juicio puede tardar hasta tres años y, aunque la ley contra la violencia sexista diga que un reincidente puede ser castigado a un máximo de un año de cárcel, suelen dejarlos en libertad provisional hasta el juicio. Mis hijas y yo gozamos de tres órdenes de alejamiento, quebrantadas en tres ocasiones, y el maltratador está en la calle, a espera de juicio desde hace cinco meses. Otras llevan hasta tres años de espera. Señores del Gobierno, jueces, fiscales, cuerpos del Estado, Consejo General del Poder Judicial: aúnen esfuerzos no solo para hacer cumplir esta ley íntegramente, sino también para modificar lagunas que ahogan y demasiadas veces matan. Las muertas no denuncian.

Isabel Molines **

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