La mayor parte de los consejeros de economía autonómicos han llegado a la misma conclusión que expresaron el pasado 27 de julio a la vicepresidenta Elena Salgado : El dinero no llega. No alcanza para mantener el nivel de vida de hace apenas dos años. De manera que ahora toca estudiar de dónde se puede seguir recortando para cuadrar ingresos y gastos. Lo explicaron algunos consejeros de Hacienda, entre ellos el catalán Antoni Castells y el madrileño Antonio Beteta , en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que presidía la vicepresidenta Salgado.
Algunos de tales consejeros autonómicos llevan estudiando la posibilidad de imponer alguna clase de copago por algunos servicios públicos o algunas otras tasas que puedan servir para aumentar los ingresos de los gobiernos autonómicos. Por ejemplo, incrementar los impuestos de alcohol y tabaco y destinarlos directamente a sufragar los gastos de la sanidad. Introducir una tasa por visita en atención primaria y urgencias para reducir el sobreuso del sistema. Revisar el sistema de copago farmacéutico, teniendo en cuenta la renta y no la edad. Extender una nota informativa a cada usuario de la sanidad sobre el coste de la atención para que tome conciencia del gasto.
XAUMENTARx las tasas universitarias para que se ajusten más al coste real de un año de estudios, con un sistema variable en función de la renta. Otra fórmula es su compensación con más becas y préstamos. Penalizar más los precios públicos de la universidad para los que repiten un crédito más de tres veces. Fusión entre universidades públicas para evitar duplicidades. El proceso se ha iniciado con los campus de excelencia. Reducir la oferta gratuita de programas que ofrecen las concejalías de servicios sociales y, en aquellas necesarias, establecer la cofinanciación... Son distintas variables y modalidades para obtener una misma finalidad: Más ingresos para las autonomías, según se ha relatado en un detallado informe en La Vanguardia .
Como se puede apreciar, todas son posibles iniciativas en tres materias, educación, sanidad y atención a la dependencia, que, así como todo lo relativo a las ayudas sociales, son competencia de las comunidades. Probablemente quien lleva la batuta en estas materias es el conseller catalán. Castells viene siendo bastante preciso ante los medios de comunicación. La cuantía del agujero en las finanzas públicas de las autonomías es tan grande que no bastarán ajustes aquí y allá. Será preciso acometer medidas dolorosas allí donde están el grueso del gasto y de los servicios: la sanidad, la educación y los servicios sociales. En cuanto a los colaboradores de Beteta, reconocen la gravedad de la situación pero se niegan a llevar una partitura al cercano Ministerio de Economía en la calle Alcalá.
En el trasfondo de todos los discursos lo que subyace es la decisión de empezar a implantar el copago, palabra desafortunada, a decir de los expertos, ya que todos los servicios públicos son financiados por los impuestos, pero la más empleada para apuntar al pago directo por parte de los usuarios. Aunque ¿dónde establecerlo? ¿En función de qué criterios?. El establecimiento del copago en la sanidad suscita, cada cierto tiempo, ríos de tinta. Como decía la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez , este asunto resurge periódicamente, con decenas de propuestas y estudios, que poco después quedan arrinconados en un cajón ministerial. Pero en esta ocasión, como reconocen desde el Gobierno, el debate es más profundo y nadie descarta que antes o después concluya con alguna propuesta real. Desde Sanidad se niega que se esté barajando copago alguno, aunque desde Economía no son, en absoluto, tan tajantes. Los economistas, liberados de la dictadura de los votos, son mucho más nítidos en sus respuestas.
La mayoría de países europeos con sistemas de bienestar establecidos utilizan el copago en la asistencia (primaria, especializada e incluso hospitalaria) con esquemas que varían de forma importante en cuanto a contribución del usuario y los conceptos gravados. Por ejemplo, en Francia, cada paciente aporta un 30% del coste de la visita de atención primaria más un euro por consulta, con un máximo de 50 euros al año por este último concepto. La contribución en especialistas es de un 20-25% y el precio es de unos 15 euros por día de hospitalización. El sistema exime de pago a personas con pocos recursos y enfermos crónicos. No todos los expertos están de acuerdo con lo que se denomina ticket moderador por las dificultades que su implantación conlleva, y apuestan más por reducir las subvenciones de fármacos a los pensionistas con mayores ingresos.
Otros creen que antes de adoptar medidas tan drásticas sería más conveniente intentar que los ciudadanos tomen conciencia de la necesidad de racionalizar el uso. Dar una nota al usuario de un servicio sanitario con el gasto que su atención ha supuesto (factura en la sombra) tendría su efecto en las arcas públicas. La novedad, sin embargo, está en la introducción de la palabra copago en otras áreas, en concreto en Educación. Y más en concreto en las universidades. En los últimos treinta años, las matrículas sólo han cubierto entre el 10 y el 20% del coste real de las carreras.
