WEwl informe del Instituto de Estudios Fiscales sobre la cobertura de las pensiones en la actualidad y en el año 2015, que el pasado jueves publicó este periódico, pone de manifiesto algunos datos inquietantes para los extremeños. El análisis, en grandes números, señala que los extremeños que cotizan a la Seguridad Social no cubren --se quedan en el 85% del total-- la cuantía de las pensiones que perciben otros extremeños; y que esta tendencia al déficit se acentuará en el 2015, cuando la diferencia entre lo que se cotiza para pagar las pensiones y lo que perciben los pensionistas se va a triplicar, pasando de los 206 millones de euros actuales a 666 millones. La población extremeña no crece y la ratio es en esta región de 1,8 cotizantes por pensionista. En teoría, se necesitarían 2,4 cotizantes para garantizar las pensiones extremeñas. Pero es sólo la teoría, la realidad es que, en el futuro se necesitarán más cotizantes que ahora para garantizar las pensiones, puesto que la población pensionista en la región ha pasado del 15% en 1991 al 20 en el 2004. Y seguirá creciendo.

El trabajo del Instituto de Estudios Fiscales invita a que se analicen teniendo en cuenta sus datos algunos de los acontecimientos que forman parte de la coyuntura política actual. Así, cobran mayor sentido los esfuerzos que está haciendo el Gobierno por la regularización de la población inmigrante, habida cuenta de que este proceso se antoja imprescindible como parte de la solución para hacer frente a una futura --y si no se pone remedio, inexorable-- quiebra del sistema de pensiones, cuya alerta también se encuentra en las conclusiones del Instituto de Estudios Fiscales. Es insostenible para cualquier sociedad tener una bolsa de trabajadores no regularizados y, por tanto, no cotizantes a la Seguridad Social, cuando es precisamente la cotización la primera garantía del derecho a la pensión.

De otra parte, es preciso observar la deriva secesionista del País Vasco y Cataluña como un intento de romper la caja única de la Seguridad Social, que es lo mismo que decir que cada autonomía se las apañe como pueda. No hace falta describir el panorama que se le presenta a Extremadura, y no sólo en materia de pensiones, si esas corrientes centrífugas acaban triunfando: peligraría el Estado de bienestar en esta región.

Pero al hilo del citado informe se debe también destacar que uno de los retos más grandes y decisivos a los que se enfrenta la sociedad en los próximos años es al del envejecimiento de la población y a su peor consecuencia: la dependencia de las personas ancianas. Y en este sentido, hay que celebrar que las consejerías de Sanidad y Bienestar Social de la Junta estén elaborando un Plan Marco de Atención Sociosanitaria. Porque el problema va a ser colosal. En el año 2011 va a haber en Extremadura 65.000 personas mayores de 80 años, un 44% más que en la actualidad, que van a generar un desafío, el de ser atendidos como se debe, de tan grandes proporciones que la percepción de la pensión no va a ser ni mucho menos suficiente para hacer frente a él. Ir preparando ese futuro es una perentoria necesidad.