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La chorrera

La política y los juzgados

La noticia política de los últimos días ha sido la exculpación judicial de Victoria Domínguez

 

La política y los juzgados -

José L. Aroca José L. Aroca
13/05/2018

Aunque la noticia política de la semana haya sido otra, la región se ha proyectado de nuevo con la celebración y entrega del premio Carlos V, una ocasión para recordar a España y resto del continente que en las montañas extremeñas de Gredos vive uno de los corazones y mentes impulsoras de la integración y consolidación de los valores históricos europeos, más necesarios para el mundo que nunca.

Una ceremonia antes bienal, ahora anual en la que la monarquía española se prestigia enlazando con el pasado, y bendiciendo la vuelta a la actualidad de la riqueza histórica y patrimonial de un territorio castigado por la Historia, por ser tierra de frontera, lugar de nadie y por tanto de disputas y batallas; límite de portugueses y españoles, de los reinos castellano y leonés que reconquistaban cada uno por su cuenta, de las avanzadas cristiana y las barreras defensivas musulmanas.

Sin embargo la noticia política de los últimos días ha sido la exculpación judicial, aún provisional y sometida a recurso, de la diputada autonómica de Ciudadanos, Victoria Domínguez Paredes. Un nuevo magistrado instructor, en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ha resuelto el sobreseimiento libre de la causa contra ella y otros tres exconcejales.

Aquella candidata municipal del PP en Plasencia en el 2003, tras una disputa interna con el alcalde del mismo partido José Luis Díaz que acabó formando otra candidatura, y cabeza de lista Victoria Domínguez en una relación que en el número tres ofrecía el nombre de Fernando Pizarro García-Polo, actual alcalde placentino y firmante de la acusación particular del municipio. Las vueltas que da la vida, en este torbellino político de la capital del Jerte, eternamente activo y de migrañas sucesivas para los dos grandes partidos, PSOE y PP.

EL AUTO del magistrado, contra el que aún cabe recurso en los próximos días, se atiene a lo dicho y certificado por el secretario del ayuntamiento, por la exalcaldesa Elia Blanco en su declaración por las diligencias judiciales, y a lo reconocido por la propia Fiscalía en su escrito de calificación. Los concejales de Urbanismo de Plasencia, entre ellos la diputada de C’s, no tenían poderes para dictar expedientes de disciplina urbanística contra edificaciones ilegales, de paralización de obras, o de demolición por parte del promotor o subsidiariamente por el ayuntamiento.

Se les acusaba sin embargo a Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho de no actuar de esa forma contra los chalés ilegales. La propia Fiscalía les acusaba de ello, por acción u omisión, aunque a la vez señalaba que carecían de las competencias. Ahora con el auto del magistrado, además, se ordena no parar las investigaciones judiciales en el momento de llegada del nuevo alcalde, Fernando Pizarro, sino que el juzgado placentino competente puede ampliarlas.

Hay que respetar a la Justicia siempre. Igual que tenemos que respetar a nuestros representantes políticos, porque sus errores son los nuestros al elegirlos, o por no ser suficientemente activos en el control de sus actuaciones. Hay quien ha dicho que este auto del magistrado, decidiendo provisionalmente el archivo de la causa para tres de los acusados, ha sorprendido. Ya había otros sorprendidos, los que leían los documentos de la causa.

El hecho ocurre en el seno de un partido que ha eclosionado como en su día lo hizo Podemos. Ciudadanos, como los morados, viene a ocupar las áreas de desprestigio y desgaste de los protagonistas de la Transición de 1978; los naranjas de Rivera están comiendo electoralmente algo del PSOE, y sobre todo del PP, pero posiblemente hay más personas interesadas en el ‘caso Plasencia’ en las filas naranjas, donde se han producido las luchas inevitables por los mecanismos de poder y sin ir más lejos en Extremadura ya se acumulan varios casos de expulsiones –los dos concejales que consiguieron en Mérida, sin ir más lejos- disolución de agrupaciones locales y denuncias en los juzgados.