La decisión de la Sala de lo Penal del Supremo de rebajar a 3 años de cárcel la condena al etarra José Ignacio de Juana Chaos por las cartas publicadas en el diario Gara en diciembre del 2004 tendrá un extraordinario impacto porque en torno a este caso se ha producido una gran batalla política. Por eso lo primero que hay que reclamar es respeto a una decisión tomada por los 13 magistrados de la Sala, y que han tenido que decidir sobre el recurso presentado por De Juana, que reclamaba la absolución, y el de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que solicitaba subir de 12 a 96 años de cárcel la condena. Al considerar que el delito cometido por De Juana era de "amenazas no terroristas" (artículo 170.1 del Código Penal), que se castiga con penas de uno a tres años, el Supremo aplica la condena máxima pero que es mucho más baja de la dictada por la Audiencia Nacional. Es una salida salomónica que a buen seguro dejará insatisfechos a quienes querían ver al etarra preso durante décadas.

La sentencia significa que el preso saldrá pronto a la calle. De momento ha cumplido 2 de los 3 años como preso preventivo, por lo que es posible que pueda obtener la libertad condicional. En cualquier caso, su situación pasa a ser ahora competencia de Instituciones Penitenciarias. La pelota está en el tejado del ministro del Interior.

Es significativo que los magistrados hayan adoptado esa decisión por mayoría, rompiendo la lamentable división entre jueces conservadores y progresistas. En este caso han primado solo las consideraciones jurídicas. El Supremo ha hecho justicia, por más que repugne ver en la calle a un etarra que ha matado a 25 personas y no se ha arrepentido.