El Gobierno concreta sus intenciones sobre la reforma de la ley de educación que heredó del PP y que ya congeló a través de una de las primeras decisiones de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay cambios esperados, como la supresión de los itinerarios que iban a segregar a los alumnos de 14 años según su nivel, y de una reválida que iba a solaparse con la selectividad. Tras algunas dudas, la polémica sobre la clase de Religión se resolverá regresando a la LOGSE de 1990: se deberá ofrecer a todos los alumnos, como dictan los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, pero la alternativa a ella no será obligatoriamente otra fórmula de formación religiosa, como pretendió el Gobierno de José María Aznar. El debate sobre la necesidad de la formación en valores concluye en una decisión propia de un Estado no confesional: la educación para la ciudadanía, el conocimiento científico y la historia de las religiones ganarán peso en los planes de estudio.
No está claro que el PP y el episcopado renuncien a reeditar una guerra escolar similar a la de los 80. No parece que tengan motivos objetivos para declarar las hostilidades por una reforma legal que aspira a ser consensuada y que empieza su andadura en los foros de debate oportunos.
