Dos municipios han aprobado su candidatura a sede del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares: el de Yebra, en Guadalajara, que lo aprobó la semana pasada, y el de Ascó, en Tarragona, cuyos concejales lo aprobaron ayer. Ambas localidades tienen en común pertenecer a entornos nucleares: en el caso de Yebra de la central de Zorita, ya clausurada, y en el de Ascó de la planta que lleva ese nombre. Pero también están unidos por otra circunstancia, esta vez de tipo político: sus respectivos presidentes autonómicos han puesto el grito en el cielo por la decisión que han tomado sus plenos: José María Barreda, el castellano-manchego, ha anunciado que incluso impugnará la propia sesión plenaria de Yebra, que considera ilegal en fondo y forma; José Montilla, el catalán, pedirá al propio Gobierno que se oponga a la instalación del cementerio. Ambos pertenecen a un partido político, el PSOE, que aprobó en el Congreso --igual que lo hizo el PP-- la creación de un almacén como el que ahora se encuentra en el centro de la disputa. En el caso de Montilla, su apoyo fue tan explícito que más no cabe, porque fue el Ministerio de Industria, con él al frente, el que aprobó el ATC; incluso alentó que el sistema de elección del almacén partiera de la petición previa de los ayuntamientos que así lo aprobaran en sus plenos. Es decir, lo que han hecho Yebra y Ascó.

Cualquier observador podría preguntarles a ambos (y también a la secretaria del PP, De Cospedal) por qué se oponen a lo que ellos mismos apoyaron. Incongruencias que, como dice Fernández Vara, están haciendo que los políticos den "un espectáculo" con este tema. Espectáculo al cual el presidente extremeño fue de los primeros en contribuir cuando puso el parche de Almaraz aun sin salir el grano, porque ese municipio ya se había comprometido con el resto del entorno de la central extremeña a que no presentaría candidatura. El argumento de Barreda, Montilla, De Cospedal y también de Vara para oponerse al ATC es idéntico: sus respectivas comunidades ya han sido "solidarias" en el peaje nuclear.

Es un argumento comprensible, pero también discutible desde el punto de vista técnico, porque la concentración en un solo almacén de los residuos en lugar de en las ocho centrales --como ocurre ahora y por poco tiempo porque sus almacenes están llenos--, es positiva. Evita la dispersión y, lo más importante, se gana en seguridad. Por esta última razón sería conveniente que el almacén estuviera junto a las centrales. Por otro lado, la opción nuclear existe en España y las centrales aportan gran parte de la energía que se consume y a la que nadie quiere renunciar. Esa energía produce unos residuos que en algún sitio hay que almacenar, y este es un problema que es urgente resolver, aunque se esté en contra de las centrales nucleares. ¿Tan difícil es ser consecuente con esta realidad? Reducir el tema a agravios territoriales es no querer afrontarlo de verdad. Habría que evitar que la discusión se desborde por cuestiones espurias y, de paso, impedir que los dirigentes políticos se expongan, como lo están haciendo, con actitudes incongruentes.