Los cambios en la sociedad y en las administraciones españolas de los últimos 30 años son espectaculares en casi todos los ámbitos. Pero uno se ha modernizado menos y se ha mostrado más refractario a los cambios: el judicial. Este sector y su funcionamiento general siguen anclados en planteamientos que no son los propios de una sociedad abierta, avanzada y moderna. Mientras que otros servicios públicos esenciales (como la sanidad) han dado un salto cualitativo de mejora, no sucede así en la Administración de Justicia. La imagen que de ella tienen los ciudadanos no es sino fiel reflejo de sus múltiples carencias.
La responsabilidad de esta situación es concurrente. Ni este Gobierno ni los anteriores han hecho esfuerzos relevantes para superar la anquilosada maquinaria judicial y dotarla de recursos eficientes. Los déficits históricos se han ido agrandando, como una bola de nieve, ante la falta de compromiso firme de las autoridades. Como las autonomías tienen también competencias en esta materia, el Ministerio de Justicia lleva muchos años perdiendo peso político en el seno del Gobierno. Hasta que la reforma de la Justicia no sea una prioridad política para la presidencia del Gobierno que vincule al Ministerio de Hacienda para que dedique el gasto necesario, poco se habrá logrado.
No es solo cuestión de euros, sino también de falta de una adecuada organización. La estructuración de la oficina judicial sigue pendiente desde que hace siete años el PP y el PSOE firmaron unos pomposos acuerdos. La Declaración de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia sigue siendo pura literatura y no ha tenido reflejo legal.
XNADA NUEVOx bajo el sol. Pero, en estas, se produce la convocatoria de huelga de los jueces. Conviene recordar el contexto en el que se gesta: la reacción ante las críticas rotundas por la levedad de exigencia de responsabilidad del juez encargado del caso Mari Luz . El penoso funcionamiento del juzgado y del propio sistema tuvo una contribución fundamental. No debe olvidarse que la benevolencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al sancionar de modo levísimo al titular de ese juzgado deriva de que, poco antes dicho juzgado había sido inspeccionado por el órgano de gobierno de los jueces y se había considerado que funcionaba bien. Las contundentes críticas provocaron la reacción del estamento judicial, que cerró filas de forma corporativa. Los tambores de guerra comenzaron queriendo trasladar toda la culpa a los políticos. Olvidan, quizá desde la toga y el estrado, que ellos tienen también algo de responsabilidad en el mal funcionamiento de los órganos judiciales. Los que llevamos muchos años tratándoles profesionalmente, observamos un deterioro progresivo del compromiso del servicio público que ejercen y del nivel profesional y de capacitación. Se observa, entre los menos competentes, un incremento del sentimiento de superioridad respecto de profesionales y justiciables. Dejo claro, a su vez, que también conozco a no pocos jueces con gran dedicación y magnífica cualificación profesional y humana.
El problema es que como gremio se protegen y se exoneran unos a otros de cualquier responsabilidad. La gran escasez de sentencias en las que admiten que no habían actuado correctamente evidencia que se consideran infalibles e intocables. Ahora se lanzan a una huelga, sabiendo que es impensable jurídica y constitucionalmente que pueda ejercerla uno de los poderes del Estado, igual que los miembros de las Cortes y del Gobierno. Es una burla al Estado de derecho, pues ellos mismos saben que no es legal. Además, desde la perspectiva profesional, no son trabajadores corrientes por cuenta ajena y la ley no les reconoce ese derecho, igual que tienen prohibidos expresamente otros derechos como integrarse en partidos o sindicarse. Otras libertades les son limitadas. En el caso de la huelga no les está ni reconocida ni prohibida, porque es impensable para el Parlamento (órgano que representa la soberanía del pueblo) que pueda hacer huelga un poder constitucional.
Los jueces saben, además, que su pretensión choca con un derecho fundamental prevalente: el de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Es significativo que el preaviso de huelga haya venido de dos pequeñas asociaciones judiciales. Quizá se trate de una reacción al monopolio de las dos asociaciones mayoritarias que actúan en el CGPJ repartiéndose casi en exclusiva entre ambas todos los nombramientos.
El anterior Consejo hizo mucha política, y contribuyó al pavoroso clima de crispación de entonces. El actual es más sereno, aunque está controlado por las dos asociaciones cuyo comportamiento no deja de ser corporativo. Este órgano ha tardado en pronunciarse sobre la huelga, cuya declaración final de si es legal o no compete a... los jueces. La realidad de la justicia es muy deficitaria. Tienen razón los jueces en su denuncia. Culpa tienen los sucesivos gobiernos y el CGPJ, pero ellos también tienen su parte. Está bien que quieran llamar la atención sobre las carencias del sistema e intentar que otros asuman más compromisos. Pero dudo mucho que la imagen de la justicia ni la de los jueces resulte favorecida por esa huelga.
