Los tres miembros de los Boixos Nois que agredieron a dos personas el pasado 22 de agosto ya están en la calle. Uno de ellos había cumplido ocho años de prisión, de una condena de 26, por el asesinato de un seguidor del Espanyol en 1991. La reincidencia justificaba ahora una orden de prisión cautelar basándose en la evidencia de que este sujeto es un peligro público. Al renunciar a ello, la juez y la fiscalía lanzan un escandaloso mensaje de cobardía o pasividad justo cuando la sociedad exige lo contrario y los dirigentes deportivos más responsables intentan acabar con las impunidades.
Que individuos con estos antecedentes sigan siendo socios de clubs demuestra la falta de convicción y la vergonzosa complicidad con que han venido actuando algunos de los directivos de éstos. La Comisión contra la Violencia debería haber aplicado en este caso, y en tantos otros, la prohibición de acceso a los recintos deportivos, y el club debería haber expulsado a este tipo de personajes.
Los directivos deben desterrar a los indeseables. La justicia, la Administración y el resto del deporte tienen la obligación de abandonar la tolerancia y actuar de forma contundente.
