WLw as organizaciones agrarias están inquietas.
Los precios de la leche, los cereales y la fruta se hunden, las previsiones para el vino tampoco son nada halagüeñas, y los ingresos de la carne se muestran erráticos.
Hace apenas un año que el sector agrario acababa de salir agotado financieramente de la crisis de precios de las materias primas cuando tuvo que afrontar las restricciones financieras y las modificaciones de las pautas de consumo que conlleva la crisis económica.
No se trata de una situación casual. Al margen de la crisis económica, el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea ha supuesto una notable reducción de las medidas proteccionistas para el sector agrario, la desactivación de algunas herramientas de regulación de los mercados y la separación de las subvenciones de objetivos de producción específicos. Como resultado de todo ello, el sector agrario se enfrenta a unos rendimientos disminuidos en un escenario de alta volatilidad. Y en economía la volatilidad va asociada al riesgo.
En este sentido, el riesgo y la baja rentabilidad forman una mala pareja que muy fácilmente puede terminar en divorcio. O puede disuadir a aquellos inversores --cada vez menos-- que estén aún dispuestos a apostar por el sector agrario, sobre todo en aquellos productos con un alto valor añadido.
Nuestro sector agrario forma hoy los cimientos de una de las arquitecturas agroalimentarias más importantes de Europa. Un sector estratégico y, además, clave como factor estabilizador del ciclo económico.
Estamos hablando de un sector moderno y competitivo, capaz de mejorar la relación entre importaciones y exportaciones en plena crisis.
Hay que buscar soluciones. Deben revisarse las opciones de la Política Agrícola Común hacia una agricultura más orientada a la producción como objetivo explícito.
Hay también que defender en frontera los mayores requerimientos sanitarios, medioambientales y de bienestar animal. Fomentar asimismo las herramientas para la estabilización de los mercados alimentarios. Impulsar también redes de seguridad y la generalización de los seguros agrarios. Facilitar la información para unos mercados más transparentes y las guías para unas buenas prácticas comerciales.
Y no hay que olvidar la necesidad de promover acuerdos interprofesionales que articulen el conjunto de la cadena alimentaria para adelgazarla, y propiciar la participación de los agricultores en los eslabones de transformación y distribución.
En resumen, mucho trabajo que deben compartir los sectores privado y público.
