El alcalde ha resuelto el expediente disciplinario abierto en junio contra el interventor del ayuntamiento con la sanción de suspensión de empleo y sueldo por un periodo de siete meses, recurrible por la vía contencioso-administrativa en un plazo de dos. En una decisión rechazada ayer de plano por la oposición, José Luis Díaz aparta de sus funciones al funcionario temporalmente culpándole, por un lado, de no haber cumplido decretos de Alcaldía a los que antes el propio interventor había puestos reparos por escrito y, por otro, de discrepancias técnicas con Tesorería sobre traspasos de cuentas municipales.
Estos son básicamente los hechos por los que el gobierno del PP atribuye faltas de rendimiento y obediencia debida a superiores y autoridades, mientras el portavoz del PSOE municipal, Cándido Cabrera, denunciaba ayer que antes de llegar "a la primera medida de este tipo en el ayuntamiento en 25 años de democracia, siempre hay que dialogar". Acto seguido, Cabrera anunciaba su dimisión como presidente de la Comisión de Hacienda.
Sin embargo, el alcalde dijo haber estado "en continuas conversaciones buscando soluciones durante año y medio, pero aunque es una tarea ingrata y desagradable, nos hemos visto obligados el equipo de gobierno asesorados por el resto de los técnicos jurídicos municipales".
BUSCADO YA EL SUSTITUTO
El expediente se resolvió el viernes y el equipo de gobierno ya ha solicitado a la Junta de Extremadura la habilitación del actual interventor del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia para que lo sustituya, si bien entretanto lo hará un funcionario municipal de Intervención.
A esta situación se llega tras un expediente que ha sido instruido por el concejal de Interior, Paco Corisco, donde el gobierno del PP considera que los reparos emitidos por el interventor a los decretos de Alcaldía "no son de carácter paralizante y las resoluciones de la alcaldía de 9 y 17 de abril son inmediatamente ejecutivas". Como también entiende que no se debió negar a llevar a efecto una modificación presupuestaria pedida por el alcalde apelando a que lo encomendado "no es atribución ni cometido de Intervención, sino del órgano político correspondiente".
Como tampoco debió incumplir, a juicio del instructor, un acuerdo de comisión de gobierno que le obligaba a reconocer ciertos informes de Tesorería sobre cuentas restringidas de recaudación a las que también había puesto reparo. El expediente, de diez folios, relata hechos acaecidos un año atrás y que, en su día, provocaron la intervención del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Cáceres que, curiosamente, dejó fuera de duda la actuación del interventor.
Curioso es también que apenas un mes después de abierto el expediente, el mismo colegio profesional hacía público en julio un comunicado para expresar "su apoyo incondicional" al interventor.
