+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario de El Periódico Extremadura:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

GUADIANA 3 POR INCUMPLIR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Denunciado el alcalde, Antonio Pozo, y el diputado Juan A. Morales por «sedición»

El abogado Eduardo Ranz acusa también a un alcalde toledano

 

Antonio Pozo Pitel. -

EFE
03/01/2017

El abogado Eduardo Ranz ha denunciado al alcalde de Guadiana del Caudillo (Badajoz), Antonio Pozo, y a la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo), Ana Rivelles, por un delito de sedición al negarse a retirar los nombres franquistas de estos pueblos e incumplir la Ley de Memoria Histórica. Ranz ha denunciado también al secretario provincial del PP de Badajoz y diputado de la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio Morales, por afirmar en público que tiene «una lucha política permanente» contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y contra el PSOE «por su afán de borrar cualquier vestigio del franquismo». En la denuncia, el letrado recuerda que en virtud de la Ley de Memoria Histórica, las administraciones deben tomar «las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura».

No obstante, Ranz considera que los denunciados no han cumplido la ley al negarse a quitar el nombre con connotación franquista de los pueblos y al no haber elaborado aún un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura en esos territorios, como obliga la ley.

Según el abogado, durante la cena de la Fundación Francisco Franco, a principios de diciembre del año pasado, la alcaldesa de Alberche del Caudillo, Ana Rivella, dijo que Franco «fue, sin duda, el mejor jefe de Estado español del siglo XX y uno de los mejores de la Historia de nuestra patria».

En la misma cena, Antonio Pozo, manifestó que mientras él «respire y sea alcalde» nadie borrará la historia de su pueblo, por lo que conservará su denominación aunque incumpla la ley. Y señala que en una entrevista Pozo respondió que no había que cumplir la ley porque lo que hace es «crear enfrentamientos entre vecinos». Los delitos de sedición están castigados con pena de 10 a 15 años de prisión para cargo público o «personas constituidas en autoridad».

El letrado, especializado en memoria histórica y derechos humanos, demandó hace casi un año al Ayuntamiento de Madrid por no retirar vestigios franquistas y solicitó que se cambiasen los nombres de ocho pueblos que mantienen nombres relacionados con la dictadura. Este diario intentó comunicar con Pozo y el PP, sin poder lograrlo.

   
1 Comentario
01

Por vistacorta 9:03 - 03.01.2017

DENUNCIA ESTE COMENTARIO

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Estos son de los que se les llena la boca diciendo que las leyes hay que cumplirlas.