Protectoras de animales han denunciado ante el Juzgado de Instrucción de Olivenza presuntas irregularidades en la perrera provincial, cuyo contrato de gestión ha vencido, para depurar las responsabilidades penales, según Ángel García, abogado de Ecologistas en Acción.
En la denuncia, en fase de diligencias previas, alertan de presunto maltrato animal en estas instalaciones, «consentido por administraciones e incluso sufragadas con dinero publico», dijo el letrado. Y explicó que el «detonante» ha sido que la Guardia Civil interceptó 21 perros en febrero con destino a Hungría «en condiciones sanitarias pésimas», que hizo pensar que «la perrera podría exportar perros a otros países». Olga Lama, de Fepaex, explicó que en 2004 la diputación inició el servicio de recogida de animales y se centró en Olivenza en el 2006, perrera gestionada por una empresa privada.
