Los cerca de 10.000 conductores de taxis que protestaron por el centro de Madrid cumplieron ayer con lo que se espera de este vehemente colectivo. Petardos, proclamas y cánticos, con algún que otro intento de asaltar el perímetro de seguridad, para, una vez más, dejar claro su rotundo rechazo a los nuevos modelos de negocio que quieren arañar una parte del pastel del transporte. Básicamente, las aplicaciones Uber y Cabify.

El objetivo de esta nueva demostración de fuerza -una de las movilizaciones del taxi más multitudinarias de la historia- era afinar en el destino final de sus demandas. Y quien impone las reglas del juego es el poder legislativo, esto es, el Congreso de los Diputados. Hasta allí acudieron conductores llegados de Cataluña, Andalucía, Asturias, Galicia, Cantabria, Valencia, Francia, Bélgica o Argentina.

La manifestación partió poco antes del mediodía de Atocha y fue un auténtico festival. Una banda sonora caótica (un auténtico dineral en petardos, por gentileza de los chóferes valencianos) pero con un mismo patrón: el máximo ruido posible porque el derecho a pataleta, sin ser universal, sí es un alivio. El lamento del taxi llegó a oídos del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ayer abogó por incrementar los controles sobre las licencias de alquiler de VTC.

Sus palabras, sin embargo, escondían una cierta trampa burocrática, pues a la vez que prometió mayor fiscalización de estas compañías, también recordó que son las comunidades autónomas las que deben velar por el cumplimiento de una normativa que, a juicio del titular de Fomento, ya es muy restrictiva respecto a los límites de estas licencias.

Mientras De la Serna cedía muy entre comillas, las pancartas en la fuente de Neptuno pedían «más políticos y menos mamarrachos». Mientras el Gobierno compartía la idea de un mayor control de las VTC, los taxistas, a escasos 300 metros de la Cámara baja, gritaban: «Estamos hasta los huevos». Todo ese sentir lo resumieron en peticiones que expusieron a los grupos parlamentarios que tuvieron a bien recibirles en el Congreso: cumplir la ratio de una VTC por cada 30 taxis; determinar el origen desde el cual estas licencias pueden operar; modificar su epígrafe fiscal para que tributen al 21%; que trabajen solo en la comunidad que les dé el permiso; que las VTC sean más y mejor identificables, o evitar la especulación de la compraventa de VTC.

Algunas de las entidades más representativas del sector amenazan con paros indefinidos a partir de finales de julio si Rajoy no ha puesto antes en vereda a las empresas que explotan las licencias de alquiler de VTC.

EN EXTREMADURA / Los taxistas de Badajoz y Cáceres respaldaron, a través de concentraciones y marchas de protesta, la huelga, pero en otras ciudades, como en Mérida, no organizaron nada, informaron sus representantes.

En Badajoz, con 143 taxis, se concentraron cerca del Viejo Vivero y protagonizaron una caravana de protesta hasta la avenida Sinforiano Madroñero. Además, detuvieron su actividad entre las 10.30 y las 11.30 horas. El presidente de Radio Taxi, Luis Giraldo, tras reconocer que a ellos el problema con Uber o Cabify no les afecta de manera directa, dijo que «querían solidarizarse con los que sí están viendo peligrar su sustento». Para ellos, sin embargo, el principal problema son los «taxis piratas», de las poblaciones cercanas que hacen servicios que «no les permiten la ley».

En Cáceres, con unas 70 licencias, los taxistas recorrieron el casco urbano para hacer patente su malestar y desde mediodía pararon su actividad.