Complementos salariales vitalicios o la posibilidad de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo en la Administración autonómica. Son dos de las ventajas que pueden disfrutar los altos cargos o el personal de libre designación de la Junta de Extremadura una vez que abandonan sus cargos. El Partido Popular extremeño denunció ayer estos "privilegios" con los que considera que el Gobierno extremeño ha estado "blindando" durante las últimas dos décadas a gran parte de estos responsables.
Entre los altos cargos que pueden beneficiarse de estas medidas están los miembros del Consejo de Gobierno, los secretarios generales técnicos o los directores generales, mientras que dentro del personal de libre designación se incluirían los jefes de servicio y el personal eventual (asesores, jefes de gabinete, jefes de prensa o secretarios).
El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, adelantó ayer que su grupo parlamentario presentará una propuesta en la Asamblea de Extremadura para derogar las cuatro normativas en las que consideran que se concentran estas prerrogativas que, señaló, están destinadas a beneficiar a una "casta" con carnet socialista. Monago aseguró que todos estos altos cargos "vuelven a sus puestos" con una "mochila vitalicia" que se paga "entre todos los extremeños". Por este motivo, en relación al anunciado recorte del 30% de altos cargos y personal de libre designación, resaltó que "cesar a las personas y que vuelvan con privilegios a sus puestos no es ser austero". "¿Cuánto está suponiendo en cientos de miles de euros el importe que se les ha metido en la mochila a los cesados?", se preguntó el líder del PP extremeño. "Esto solo puede calificarse como un dispendio y un lujo de ricos sencillamente inasumible en los momentos actuales", dijo.
Por su parte, el consejero de Administración Pública y Hacienda de la Junta, Angel Franco, mostró ayer su disposición a estudiar esta cuestión, si bien explicó que se trata de medidas que están en el ordenamiento jurídico desde hace veinte años y afirmó que la propuesta del PP se refiere a altos cargos y jefes de servicio que en la mayoría de los casos son empleados públicos que ya tienen unos derechos consolidados y que tenían el estímulo de renunciar a su carrera a cambio de obtener una serie de contraprestaciones. Según el consejero, estas contraprestaciones no son, en ningún caso, ni abusivas ni millonarias y pasan por la consolidación del complemento de nivel y del grado de personal.
Las normativas
Estas son las cuatro normativas criticadas por el Partido Popular.
Ley 4/91, de presupuestos para 1992 (disposición adicional segunda), aplicable a miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos. La normativa les reconoce a todos ellos un complemento retributivo especial e igual a la diferencia entre el que le corresponda por su grado personal y el asignado a los directores generales, lo que en la práctica supone, explica el PP, que todos ellos cobren el conocido como complemento super 30 , que actualmente asciende a 14.276 euros anuales. El único requisito es desempeñar el cargo durante dos años consecutivos o tres con interrupción y tiene, puntualiza el PP, carácter vitalicio.
Ley 5/08, de presupuestos para 2009 (artículo 28). En virtud de esta ley, los funcionarios que hayan desempeñado puestos eventuales tienen derecho a un complemento especial en la cuantía igual a la diferencia entre el complemento de destino que ocupe o grado consolidado y la cuantía del complemento de destino del puesto eventual que haya desempeñado. También es vitalicio y tampoco varía el único requisito exigido (dos o tres años en el puesto).
Orden de 28 de julio 1998, punto tercero, aplicable a los puestos de libre designación que hayan sido cesados. "A los funcionarios que hayan obtenido con carácter definitivo un puesto de libre designación y que, tras haber sido cesados, acrediten más de dos años de servicios efectivos e ininterrumpidos en dicho puesto o en otro similar de libre designación, con anterioridad inmediata al cese, se les asignará con carácter definitivo otro puesto de trabajo ", recoge esta normativa. El nuevo empleo debe tener un complemento de destino acorde con el grado personal que tenga reconocido y debe estar situado en la misma localidad del puesto en el que se produjo el cese. Si no existe ninguna vacante con estas características, la Dirección General de Función Pública propondrá su creación. La diputada regional del PP Cristina Teniente calificaba ayer esta normativa de "escalofriante". "Crean el puesto de trabajo aunque no haya necesidad".
Ley de Presupuestos para 2010 (disposición adicional 13). Es aplicable a los funcionarios que obtengan un puesto de libre designación a partir de este mismo año. El PP señala que aunque se establecen menos ventajas que en la orden anterior se mantienen la asignación con carácter definitivo de un puesto vacante disponible en la misma localidad (no se habla de su creación si no existiese) y se le reconoce el derecho a percibir un complemento personal transitorio.
Sobre si es habitual que los altos cargos se acojan a este tipo de beneficios, Cristina Teniente era ayer tajante. "Por supuesto. Todo el que se va lo hace".
