El 12 de enero todas las asociaciones judiciales (APM, FV, JD y FJI) acordaron la exposición ante el Ministerio de Justicia de la necesidad de adoptar una serie de medidas imprescindibles para el ejercicio correcto y de calidad de la función jurisdiccional.
Para ello se acordó, no sólo cuáles deben ser esas medidas o reivindicaciones, sino abrir un período de negociación con el Ministerio a fin de que entendiera la necesidad de las medidas, y pudiera adoptar las decisiones oportunas para su implantación. Todas las asociaciones convinieron en una serie de medidas reivindicativas, y aplazar la convocatoria de una hipotética huelga, en caso de que las negociaciones no hubieran dado el resultado esperado, para el 26 de junio.
En seguimiento de esa hoja de ruta, el Ministerio se reunió con los representantes de las asociaciones el 26 de enero. Y hay un nuevo encuentro el 17 de febrero.
La convocatoria de una huelga para el día 18 de este mes está fuera del compromiso adquirido entre las cuatro asociaciones entre sí mismas, y de éstas con el Ministerio. Esa es la razón por la que la APM no haya convocado ese paro.
Si terminado el período de negociaciones, estas no dieren el resultado esperado, o bien antes de ese tiempo se rompieran las mismas, la APM procedería a adoptar las medidas de reivindicación que considerase oportunas, entre las pudiera estar la convocatoria de huelga.
En esta situación, ninguna incidencia tiene el acuerdo adoptado el día 9 de febrero por el CGPJ, en el que se limitó a constatar la inexistencia de una norma legal reguladora del derecho de huelga de los jueces, lo cual no significa que el CGPJ haya afirmado que los jueces carecen de tal derecho.
