Las asociaciones de transportistas que lideran las movilizaciones que están causando graves problemas en toda España (encabezadas por Fenadismer y otros representantes del 20% del sector) rechazaron el acuerdo alcanzado por el Gobierno, la asociaciones mayoritarias (básicamente CETM, con un 80% de representatividad) y sus clientes, las organizaciones de cargadores.

El Ministerio de Fomento, que lidera una negociación en la que participan otros seis departamentos, ha acordado con la mayoría del sector 54 medidas para paliar los efectos del brutal encarecimiento de los carburantes. El documento, que amplía un paquete de 51 iniciativas propuestas por el Gobierno, está redactado desde la noche del martes, pero las organizaciones mayoritarias aplazaron su firma para intentar sumar a las asociaciones convocantes de la movilización.

Los representantes de Fenadismer, Confedetrans y Antid no estaban presentes cuando se elaboró el texto, ya que habían abandonado las conversaciones tras conocer la muerte de un transportista que participaba en un piquete. Después de regresar a la mesa de negociaciones, ayer por la mañana, rechazaron sumarse al acuerdo. Sus portavoces reiteraron que consideran irrenunciable la fijación de un precio mínimo obligatorio por servicio que impida trabajar sin cubrir costes (dumping).

Ante esta negativa, el Gobierno tomó la decisión a media tarde de ayer de no levantarse de la mesa hasta firmar el pacto "con quien quiera" y, en esta línea, la ministra Alvarez regresó al ministerio a primera hora de la noche. También pretendía suscribir un documento más breve con los cargadores, para que estos se comprometieran a actualizar los contratos de los transportistas con efecto retroactivo.

Para defender la legalidad de las tarifas mínimas, Fenadismer ha echado mano de dos sentencias del Tribunal Europeo de Justicia de 1993 y 1995, en las que se reconoce la capacidad de la Administración para regular precios en el transporte de mercancías por carretera. Además, recuerda que España contó hasta 1998 con un régimen de precios mínimos para el sector que, en su opinión, fue derogado por la "bonanza de la economía española y la estabilidad de los precios de los carburantes, circunstancias que no se dan en la actualidad".

El director general de Transporte por Carretera, Juan Miguel Sánchez, acusó a la asociación de sacar de contexto los fallos del tribunal comunitario.

Así las cosas, el dificil equilibrio entre los dos bandos de los transportistas dio ayer síntomas de estar próximo a resquebrajarse. Carlos Montero, líder de CETM, acusó a los activistas de impulsar un "paro salvaje". Pese a la presión social, las organizaciones convocantes se negaron a suscribir el acuerdo. La Confederación del Taxi en España convoca un paro de 24 horas mañana.