El exsecretario regional de Coag, Luis Cortés, admitió el pasado 1 de febrero que pudo cometer "errores en las formas" en el cobro de las ayudas al almacenamiento de higos secos pero insistió en que la investigación de la Guardia Civil no había podido demostrar que se había llevado "un solo céntimo" de euro.
Esta versión contrasta radicalmente con la descripción que el instituto armado hace del "entramado empresarial de tipo familiar" descubierto a raíz de la operación Secadero , tras la que fueron detenidos Cortés y dos de sus hermanos, entre otras personas. Según el relato de la Guardia Civil, "los administradores de estas empresas justificaban el almacenaje y transformación de unas determinadas cantidades de higos secos para pienso de animales, que en realidad no habían tenido entrada en el organismo almacenador, incumpliendo con ello los requisitos imprescindibles para percibir subvenciones".
En tiempos de crisis de precios, los organismos almacenadores compran la cosecha a los agricultores a un precio mínimo que fija Bruselas, cantidad que luego se restituye al almacenador añadiéndole una pequeña plusvalía. Es decir, el organismo almacenador actúa de colchón para los tiempos de bajos precios.
Según la Guardia Civil, el fraude consistiría en que se habrían cobrado unas ayudas por unos higos que supuestamente no habrían entrado en el organismo almacenador y que puede que ni siquiera existieran. Las empresas de la trama cobraban a los agricultores "algunos gastos inexistentes o que ya estaban subvencionados y en otros casos no han llegado a percibir cantidad alguna".
