--El Estatuto de Autonomía de Extremadura, ¿necesita ser reformado a corto plazo?

--El Estatuto de Autonomía tiene algunos contenidos que todavía están sin poner en marcha. En mi opinión sería mucho más sensato ponerlos en marcha antes de acometer nuevas reformas.

--En concreto, ¿qué es lo que queda por desarrollar?

--En la última reforma del Estatuto se introdujo un Tribunal de Cuentas y un Defensor del Pueblo, y estas dos instituciones están sin desarrollar. También adquirimos competencias en materia de Administración de Justicia que tampoco han sido traspasadas por el Estado. Esas tres cosas me parecen bastante significativas como para que si no están desarrolladas se acometan nuevas reformas. Naturalmente siempre es posible reformar los estatutos, como cualquier norma jurídica que admite actualización. Ahora bien, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos en la comunidad un enfrentamiento político por causa del estatuto, creo que no es urgente.

--Da la impresión de que la ejecución del Estatuto está bastante desarrollada...

--Podríamos adquirir más autogobierno en determinadas materias, pero en general las reformas estatutarias siguen a una demanda política en una comunidad, y esas demandas yo no las percibo en Extremadura. No veo que los grandes partidos de la comunidad o los actores sociales demanden una mayor cuota de autogobierno. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas competencias en materia de agricultura, y en general no se debate si hay que tener más, sino cómo se están aplicando las que hay.

--De hecho, no parece que sea una prioridad asumir competencias en materia de Justicia.

--Efectivamente. Hay que tener en cuenta que no se asume el Poder Judicial, sino el personal y los medios materiales del ministerio de Justicia. Este es un asunto muy relevante y todavía no se ha acometido.

--¿Y quedaría alguna competencia más que sea importante y aún no se haya asumido?

--De las grandes no nos queda ninguna, porque en el marco constitucional el Estado se ha deshecho de las grandes competencias. Por eso los procesos pendientes en País Vasco y Cataluña comienzan a chocar con la Constitución, porque se ha alcanzado el techo competencial.

--Hay quien ha llegado a hablar de reformar los Estatutos de Autonomía como mecanismo de defensa contra las agresiones de otras regiones.

--Esa es una interpretación un poco interesada de lo que es un Estatuto, porque los estatutos constituyen un sistema todos juntos, con lo cual es imposible que un estatuto agreda a otro porque todos están bajo el paraguas constitucional. En realidad es interpretar que los estatutos pueden regular cosas que ocurren fuera de la comunidad, lo cual es completamente absurdo. El Estatuto catalán no puede regular nada que acontezca fuera de Cataluña.

--Usted mismo lo ha dicho, un Estatuto "no debe" agredir a otro, pero parece que no ocurre con la redacción actual de la reforma del Estatut...

--Por eso se considera inconstitucional. No hay que ver el proyecto catalán como una agresión a los demás territorios. Lo que hace el Parlamento catalán no es agredir, sino salirse del sistema constitucional.

--¿Qué opinión le merece el polémico texto catalán?

--Sobre el tema del término nación, creo que hay fórmulas para que no sea lesivo para la Constitución, porque la consideración de nación para Cataluña no resulta agresiva para la consideración de España como nación. Si se encontrara una fórmula de redacción, que por ejemplo podría ser "Cataluña es una nación en el marco del artículo 2 de la Constitución", no plantearía mayor problema. En el tema de la financiación sí plantea problemas. Como está redactado no es posible mantener su constitucionalidad, necesariamente el Tribunal Constitucional no lo admitiría, porque las normas de financiación afectan a todas las regiones.