La crisis ha frenado en seco el proceso de convergencia económica de la región tanto con el resto de España como con Europa. En el 2011, por segundo año consecutivo, el PIB extremeño per cápita en paridad de poder de compra se alejó de la media europea, pasando de un 69,4% a un 68,1%%. Eso supone volver al nivel en el que se encontraba la comunidad autónoma en el 2004, y alejarse todavía más del máximo del 73% que se alcanzó en el 2008. En comparación al conjunto del país, la convergencia se situó en el 68,8%, nivel similar al apreciado en el inicio de la crisis y al que se llega después de caer por vez primera en más de una década.
Estos datos están contenidos en el segundo número del Informe de Progreso de Extremadura , publicado por la Fundación Caja Extremadura y elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), que ayer fue presentado en Cáceres. "No solamente Extremadura tiene el PIB por habitante más bajo entre las regiones españolas, sino que además su crecimiento en todos estos años de crisis en términos por habitante ha sido el más reducido si exceptuamos a Murcia", resaltó ayer José Antonio Herce, responsable del proyecto por parte de AFI, quien detalló que esta bajada se ha fundamentado, además de un menor PIB, en un crecimiento de la población que, aun siendo moderado, ha sido superior al del resto el país en términos relativos.
Este retroceso tiene una consecuencia "que si no fuera por el contexto en el que se produce podríamos calificar de buena, y es que en el nuevo periodo de programación de los fondos europeos 2014-2020 Extremadura será la única región española con capacidad para ser elegida como región de convergencia y, por lo tanto, a la que se destinarán los importantes recursos de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión", dijo Herce. Los criterios para la caracterización de dichas
regiones se establecerán sobre los datos de renta por habitante del trienio 2009-2011, del que ya existe información definitiva. En él, Extremadura se sitúa en un 69,7%, muy por debajo del umbral del 75%, superado el cual ya no se perciben estas ayudas. Un tope que ya han sobrepasado Andalucía (76,8%), Castilla-La Mancha (80,8%) y Galicia (90,5%). El nuevo programa de convergencia vendrá marcado, además, por unos "ambiciosos" objetivos que se ha marcado cumplir la UE en el horizonte del 2020, y que abarcan diferentes campos, como la educación, la tasa de empleo, la I+D o la lucha contra la exclusión social. "A ocho años vista, España está lejos de cumplirlos y Extremadura todavía más", resumió Herce.
Pero Extremadura, además de haber sido la comunidad autónoma en la que la producción de bienes y servicios ha tenido un peor comportamiento en el 2011 --cayó un 0,3%, frente a un aumento del 0,7% nacional--, es también el territorio donde este estancamiento productivo se ha trasladado con más dureza al mercado laboral, con una tasa de paro que alcanzó el 32% en el primer trimestre del año, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), ocho puntos por encima del promedio español. "En Murcia, donde el PIB ha caído ligeramente en el 2011, la destrucción de empleo ha sido la mitad de la experimentada en Extremadura", apuntó Herce.
RECORTES PUBLICOS Por otro lado, este experto de AFI resaltó que el sector público extremeño registró durante el ejercicio pasado uno de los déficits más elevados de España, solo por detrás de Castilla-La Mancha, "que es un caso más que crónico, y a la par que la Comunidad Valenciana". En este sentido, sostuvo que la comunidad autónoma debe afrontar un problema añadido, el de la dependencia que tiene su economía del sector público, ya que un 26% del Valor Añadido Bruto (VAB) total extremeño corresponde a las administraciones públicas, una proporción que no se alcanza en ninguna otra región.
"Muchos empleos, mucha actividad productiva, dependen de la administración autonómica y de las locales, de manera que los recortes en los presupuestos autonómicos tienen que causar necesariamente más impacto económico que en regiones como Cataluña, donde los recortes están siendo muy intensos pero en la que el VAB aportado por las administraciones públicas no llega al 14%", argumentó.
